martes, 3 de febrero de 2009

El PSOE impide que los criminales del genicidio en Gaza sean juzgados.

Horas después de hacerse pública la decisión de la Audiencia Nacional, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, recibió una llamada de la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton. No se sabe hasta el momento si dicha llamada tenía que ver con el anuncio del tribunal español de imputar a los cargos israelíes. Por su parte, Tzipi Livni, ministra de Exteriores israelí, denunciada en otra querella ante la Audiencia Nacional, ha desvelado que el Gobierno de Rodríguez Zapatero y en concreto su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le había comentado en una conversación telefónica que cambiará la ley para limitar la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España.

El Gobierno Español que se manifestaba contra el genocido en Gaza ahora se convierte en cómplice impidiendo que sus responsables sean llevados ante la justicia.

En declaraciones a los medios de comunicación israelíes, Tzipi Livni saludaba que el Gobierno español "haya decidido parar este fenómeno" y avanzaba que Israel seguirá trabajando con otros gobiernos europeos para intentar frenar "investigaciones similares infundadas". Tzipi Livni es hija de dos miembros del grupo terrorista Haganá y es una de los artífices de la última agresión israelí contra Gaza.

Los tribunales españoles son competentes para investigar, entre otros, delitos de genocidio y terrorismo fuera de las fronteras españolas e independientemente de si hay españoles o no implicados en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este criterio se aplica a partir de dos sentencias dictadas en 2005 por el Tribunal Supremo y el Constitucional a propósito del caso Scilingo y del genocidio en Guatemala, respectivamente, que sentaron jurisprudencia.

El derecho a la jurisdicción universal es una seña de identidad del ordenamiento jurídico español desde 1870, cualquier cambio del mismo significará que el PSOE no quiere que España persiga a los criminales de guerra.

Además de las querellas presentadas antes tribunales españoles contra responsables israelíes sospechosos de cometer Crimines de Guerra y Contra la Humanidad, existe un decena de denuncias en Reino Unido, Holanda, los países escandinavos, Nueva Zelanda.

El director de los grupos especiales del Ejército, Abraham Dichter, imputado por la Audiencia Nacional, fue denunciado también ante un tribunal de Nueva York que dictó que ése sólo ejecutaba órdenes y era un funcionario militar. Actualmente existe otra querella contra el mismo militar ante los tribunales del Reino Unido.

En 2007, el jefe del Estado Mayor de Defensa, Moshe Ya'alon, se salvó de una orden de detención en Nueva Zelanda tras intensos contactos diplomáticos entre los gobiernos de ambos países.

El ex ministro de Defensa israelí, Shaul Mufaz y el general del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF), Doron Almog – imputado en España- , evitan visitar el Reino Unido por temor a su detención. Doron Almog, había anulad un plan de estudios militares en Inglaterra tras ser aconsejado por el Gobierno judío.