viernes, 23 de enero de 2015
Así funcionan las cosas en La Rioja
sábado, 3 de diciembre de 2011
Pedro Sanz y el Servicio Riojano de Salud
viernes, 14 de octubre de 2011
miércoles, 1 de diciembre de 2010
martes, 1 de septiembre de 2009
La Rioja se encuentra entre las comunidades autónomas con peores servicios sanitarios
Este informe, que otorga los mejores resultados a Extremadura y País Vasco, tiene en cuenta criterios como el gasto per cápita en 2008, el gasto farmacéutico, las camas por habitante, los médicos del sistema público, los profesionales de enfermería la satisfacción de los usuarios, y aspectos como la opinión de los ciudadanos acerca de las listas de espera y la preferencia de la asistencia sanitaria pública.
En función de estos marcadores, los datos muestran además que Navarra y Castilla y León son las comunidades que se sitúan por debajo, mientras que las comunidades con resultados "aceptables" son, según este informe, Cataluña, Andalucía, Cantabria, Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha.
El portavoz de FDSP, Marciano Sánchez Bayle, señaló que las comunidades que se sitúan en las últimas posiciones han permanecido en esa posición durante los últimos cinco años. "Es paradójico que las comunidades autónomas que son más ricas, como Valencia o Madrid, que están apostando por la sanidad privada, ocupen los últimos lugares", destacó.
Según denunció Sánchez Bayle, estas comunidades apuestan por la privatización de manera "continuada y sistemática", y los recursos que entran en el sistema de salud no se dedican a la sanidad. "Se ha de garantizar que el dinero que los consejeros piden para la sanidad se dedique realmente a ella", dijo.
En este sentido, recordó que el sistema español está considerado de forma positiva por tres características fundamentales: el acceso universal, una red de Atención Primaria muy importante y garantizada por todo el territorio español, con una calidad y funcionamiento mejorables pero buenos, y la inexistencia de barreras económicas para el acceso sanitario.
Así, advirtió de que "en la medida en que el sistema sanitario se privatice, estas características se pondrán en cuestión, ya que, entre otras cosas, habrá un gasto excesivo, y las barreras que encuentra el ciudadano harán que acuda al médico privado". "Un sistema muy privatizado pone en cuestión el propio sistema de salud", afirmó.
miércoles, 11 de marzo de 2009
El PSOE y el PP suman sus votos para decir no a la eutanasia

La propuesta pretendía establecer que quedara "exento de pena quien, mediante actos necesarios o de cooperación activa, permitiere, propiciare o facilitare la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en caso de que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte o le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar".
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, que defendió la propuesta, dijo que "la mayoría de los ciudadanos y profesionales son partidarios de la eutanasia y el suicidio asistido, que ya existen en España aunque de manera clandestina".
En su opinión, la regulación de la eutanasia es imprescindible porque aportaría al enfermo terminal "seguridad, sensación de control y mayor serenidad para soportar ese último tramo y resolvería el absurdo debate entre dejar morir y ayudar a morir, entre la eutanasia pasiva y la eutanasia activa".
Además, subrayó que "la posición contra la eutanasia es una creencia, la de la santidad e inviolabilidad de la vida, respetable como posición personal, pero que no puede convertirse en el único criterio" y avisó de que en España "se puede producir un 'caso Eluana'".
Por su parte, la diputada socialista Pilar Grande señaló que la iniciativa de ERC-IU-ICV reproduce "casi literalmente" las rechazadas en la legislatura séptima y octava y agregó que estas propuestas se registran en el Congreso "cada vez que los medios de comunicación recogen un acontecimiento" relacionado con la eutanasia.
La diputada del PSOE destacó que "es necesario un debate sostenido en el tiempo con todos los operadores jurídicos, científicos, asistenciales e institucionales" y "quizá la sociedad española, tras este debate responsable y sosegado", solicite al Gobierno "subir otro peldaño y acometer la regulación legal del derecho de los pacientes afectados por determinadas enfermedades invalidantes o terminales a poner fin a su vida". "Pero no creemos que este momento haya llegado", enfatizó.
A su vez, el diputado del PP Santiago Cervera afirmó "el derecho a la vida está protegido por la Constitución" y que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, "no existe el derecho a la propia muerte o al suicidio".
Además, recalcó que ni la eutanasia ni el suicidio asistido están amparados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que los ciudadanos ya tiene reconocido el derecho a una muerte digna. Por último, criticó a Llamazares por presentar "iniciativas oportunistas que no forma parte de las preocupaciones y prioridades de los españoles".