Mostrando entradas con la etiqueta migración. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta migración. Mostrar todas las entradas
viernes, 14 de octubre de 2011
sábado, 15 de enero de 2011
Viaje a los CIE, los 'guantánamos' españoles
Celdas de aislamiento. Insultos y palizas. Hacinamiento. Son los CIE, los nueve centros de internamiento para extranjeros de España. Los llaman los 'guantánamos españoles', una referencia a la base norteamericana situada en Cuba, por ser también lugares donde parecen esfumarse los derechos. Un trabajador social y un ex interno nos cuentan su paso por ellos.
“A un chaval marroquí le apalearon, le desnudaron, le pusieron en cuclillas y le empezaron a pegar patadas. Le acusaron de haberle dado a otro compañero un teléfono móvil. Le pusieron la foto de su madre delante en el suelo, y la pisotearon”. Esta es una de las imágenes que a Pedro se le han grabado en la memoria tras su paso como trabajador social de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Convencido por su experiencia con inmigrantes, hace unos meses quiso “meterse en el ojo del huracán” y “ayudar desde dentro”. Ahora, meses después, sólo quiere denunciar la situación que viven los miles de inmigrantes sin papeles que pasan cada año por estos centros en España.
“Mi primer día en el CIE uno se tiró por la escalera”, relata Pedro (nombre falso de un trabajador social) que habla de un “clima depresivo” y de “mucha tensión” entre los extranjeros que han sido detenidos por estar en España sin papeles. Según él, los policías presentes se limitaban a verlos pegarse “riéndose sin hacer nada”, para después castigarlos en celdas de aislamiento, incomunicados, durmiendo en el suelo y con sólo una pequeña ventana.
A los cuatro meses, Pedro decidió no seguir siendo parte de un lugar donde, según él, se practica una “tortura sofisticada”, bajo la forma de amenazas, insultos racistas, y se “deshumaniza poco a poco” a los internos. “El edificio en sí es una tortura, todo está hecho para torturar. La gente que venía de la cárcel pedía que por favor les devolvieran a prisión”.
“Pensé que iba a volverme loco”
Jrôme vivía en España desde que llegó de Malí hace tres años. Estaba sin trabajo, y tenía una pareja española, cuando la Policía Nacional le pidió un permiso de residencia que nunca consiguió. Tras dos días en el juzgado y cinco minutos de juicio, Jérôme llegó al CIE en el barrio madrileño de Aluche, donde pasaría los siguientes 58 días.
“Lo primero que me dijeron es que ahí se llamaba a la gente con un número”. Pronto comprobó las condiciones del centro. “No te dan nada: un colchón y una manta, pero nada de aseo”. Para él, lo peor del ingreso fue no poder avisar a nadie dónde estaba. “Cuando me detuvieron di el número de teléfono de mi novia y de mi abogada, pero no los llamaron”.
A los pocos días, comprendió que los insultos, sobre todo de carácter racista, y las palizas no eran una excepción. “Te encontrabas gente sin poder moverse”, dice este joven sonriente de Malí, que llegó a pensar que iba a volverse loco después de ver a hombres mayores llorando solos, y de conversaciones en las que sus compañeros le contaban que sus familias no sabían dónde estaban.
Tras cumplir 60 días de arresto en un CIE, si no se ha ejecutado la deportación, la persona tiene que ser puesta en libertad, aunque señalada con una orden de expulsión que él mismo debe aplicarse. Ése fue el caso de Jérôme, que se quiere quedar en España, pero sabe que esa orden le impedirá cualquier tipo de contrato legal: de trabajo, de piso, de teléfono… es decir, lo mantendrá en la ilegalidad permanente.
Tensión por el hacinamiento
Desde el ministerio del Interior, cartera responsable de los CIE, defienden que estos dispositivos cuentan “con todas las garantías” propias de “un estado de derecho”. Fuentes de este ministerio recuerdan que los CIE están “sometidos al control” de distintas instituciones, y si bien reconocen “críticas puntuales” por parte del Defensor del Pueblo, al mismo tiempo aseguran que el Parlamento Europeo “no ha cuestionado el funcionamiento” de los CIE.
Desde el ministerio español no dudan en afirmar que “en ningún caso es verdad” que se produzcan hacinamientos. Respecto a las denuncias por malos tratos por parte de la Policía Nacional, sostienen que ha habido “algunas puntuales”, y que siempre se han abierto las “correspondientes investigaciones”.
Por su parte, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), su portavoz José María Benito, se lamenta del “hacinamiento” y de unas “condiciones muy malas” en los CIE. Según Benito, estos centros “no reúnen las mínimas condiciones” para los internos, por lo que los policías que allí trabajan “sufren también la tensión” que se vive dentro de ellos.
Respecto a las denuncias de abusos por parte de miembros de la Policía Nacional, desde el SUP subrayan que “no les consta” que existan “de forma generalizada”, aunque conceden que “puede haber algún caso aislado”
“Eso es tortura”
Distintas ONG de apoyo a los inmigrantes califican los CIE como los “Guantánamos españoles”, por las vulneraciones de derechos humanos que allí ocurren y el hecho de que se niegue el acceso tanto a periodistas como a muchas organizaciones sociales. En este sentido, Javier Ramírez, coordinador de SOS Racismo Madrid señala “una total falta de transparencia de lo que allí ocurre”. Para este abogado, en los CIE “se niegan o dificultan derechos básicos como el acceso a la Justicia”, lo que permite que las posibles agresiones policiales queden impunes.
Por su parte, Ignacio Trillo, abogado de la asociación Ferrocarril, denuncia que la realidad de los CIE “se corresponde perfectamente” a la definición de tortura que especifica la ley española. “En los CIE sí hay tortura, se trata de una violencia sistemática, un sistema de miedo que empieza en las redadas en la calle”, añade. Un miedo que Jérôme todavía tiene, y que parece contagiarse entre todos los extranjeros que no consiguen el permiso para vivir en España.
Fuente: http://www.espanol.rfi.fr/europa/20110113-viaje-los-cie-los-guantanamos-de-espana
“A un chaval marroquí le apalearon, le desnudaron, le pusieron en cuclillas y le empezaron a pegar patadas. Le acusaron de haberle dado a otro compañero un teléfono móvil. Le pusieron la foto de su madre delante en el suelo, y la pisotearon”. Esta es una de las imágenes que a Pedro se le han grabado en la memoria tras su paso como trabajador social de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Convencido por su experiencia con inmigrantes, hace unos meses quiso “meterse en el ojo del huracán” y “ayudar desde dentro”. Ahora, meses después, sólo quiere denunciar la situación que viven los miles de inmigrantes sin papeles que pasan cada año por estos centros en España.
“Mi primer día en el CIE uno se tiró por la escalera”, relata Pedro (nombre falso de un trabajador social) que habla de un “clima depresivo” y de “mucha tensión” entre los extranjeros que han sido detenidos por estar en España sin papeles. Según él, los policías presentes se limitaban a verlos pegarse “riéndose sin hacer nada”, para después castigarlos en celdas de aislamiento, incomunicados, durmiendo en el suelo y con sólo una pequeña ventana.
A los cuatro meses, Pedro decidió no seguir siendo parte de un lugar donde, según él, se practica una “tortura sofisticada”, bajo la forma de amenazas, insultos racistas, y se “deshumaniza poco a poco” a los internos. “El edificio en sí es una tortura, todo está hecho para torturar. La gente que venía de la cárcel pedía que por favor les devolvieran a prisión”.
“Pensé que iba a volverme loco”
Jrôme vivía en España desde que llegó de Malí hace tres años. Estaba sin trabajo, y tenía una pareja española, cuando la Policía Nacional le pidió un permiso de residencia que nunca consiguió. Tras dos días en el juzgado y cinco minutos de juicio, Jérôme llegó al CIE en el barrio madrileño de Aluche, donde pasaría los siguientes 58 días.
“Lo primero que me dijeron es que ahí se llamaba a la gente con un número”. Pronto comprobó las condiciones del centro. “No te dan nada: un colchón y una manta, pero nada de aseo”. Para él, lo peor del ingreso fue no poder avisar a nadie dónde estaba. “Cuando me detuvieron di el número de teléfono de mi novia y de mi abogada, pero no los llamaron”.
A los pocos días, comprendió que los insultos, sobre todo de carácter racista, y las palizas no eran una excepción. “Te encontrabas gente sin poder moverse”, dice este joven sonriente de Malí, que llegó a pensar que iba a volverse loco después de ver a hombres mayores llorando solos, y de conversaciones en las que sus compañeros le contaban que sus familias no sabían dónde estaban.
Tras cumplir 60 días de arresto en un CIE, si no se ha ejecutado la deportación, la persona tiene que ser puesta en libertad, aunque señalada con una orden de expulsión que él mismo debe aplicarse. Ése fue el caso de Jérôme, que se quiere quedar en España, pero sabe que esa orden le impedirá cualquier tipo de contrato legal: de trabajo, de piso, de teléfono… es decir, lo mantendrá en la ilegalidad permanente.
Tensión por el hacinamiento
Desde el ministerio del Interior, cartera responsable de los CIE, defienden que estos dispositivos cuentan “con todas las garantías” propias de “un estado de derecho”. Fuentes de este ministerio recuerdan que los CIE están “sometidos al control” de distintas instituciones, y si bien reconocen “críticas puntuales” por parte del Defensor del Pueblo, al mismo tiempo aseguran que el Parlamento Europeo “no ha cuestionado el funcionamiento” de los CIE.
Desde el ministerio español no dudan en afirmar que “en ningún caso es verdad” que se produzcan hacinamientos. Respecto a las denuncias por malos tratos por parte de la Policía Nacional, sostienen que ha habido “algunas puntuales”, y que siempre se han abierto las “correspondientes investigaciones”.
Por su parte, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), su portavoz José María Benito, se lamenta del “hacinamiento” y de unas “condiciones muy malas” en los CIE. Según Benito, estos centros “no reúnen las mínimas condiciones” para los internos, por lo que los policías que allí trabajan “sufren también la tensión” que se vive dentro de ellos.
Respecto a las denuncias de abusos por parte de miembros de la Policía Nacional, desde el SUP subrayan que “no les consta” que existan “de forma generalizada”, aunque conceden que “puede haber algún caso aislado”
“Eso es tortura”
Distintas ONG de apoyo a los inmigrantes califican los CIE como los “Guantánamos españoles”, por las vulneraciones de derechos humanos que allí ocurren y el hecho de que se niegue el acceso tanto a periodistas como a muchas organizaciones sociales. En este sentido, Javier Ramírez, coordinador de SOS Racismo Madrid señala “una total falta de transparencia de lo que allí ocurre”. Para este abogado, en los CIE “se niegan o dificultan derechos básicos como el acceso a la Justicia”, lo que permite que las posibles agresiones policiales queden impunes.
Por su parte, Ignacio Trillo, abogado de la asociación Ferrocarril, denuncia que la realidad de los CIE “se corresponde perfectamente” a la definición de tortura que especifica la ley española. “En los CIE sí hay tortura, se trata de una violencia sistemática, un sistema de miedo que empieza en las redadas en la calle”, añade. Un miedo que Jérôme todavía tiene, y que parece contagiarse entre todos los extranjeros que no consiguen el permiso para vivir en España.
Fuente: http://www.espanol.rfi.fr/europa/20110113-viaje-los-cie-los-guantanamos-de-espana
martes, 12 de octubre de 2010
lunes, 24 de mayo de 2010
La pinza PPSOE vuelve.
La dirección de IU ha criticado hoy el acuerdo impulsado por el PSOE y el PP en el Congreso para reformar la Ley Electoral e impedir a los españoles residentes en el extranjero votar en las municipales, un acuerdo con el que, dice, se va a "amputar" un derecho explícitamente reconocido en la Constitución.A través de un comunicado, los órganos de dirección de IU se han referido al acuerdo que impulsaron los dos principales grupos parlamentarios y que logró un respaldo mayoritario en la subcomisión que estudia en el Congreso la posible reforma de la Ley Electoral General (LOREG).
La propuesta de PSOE y PP sugiere que los emigrantes no puedan votar en las elecciones locales, al entender que han perdido su relación de vecindad con sus lugares de origen en España, aunque sí mantienen que puedan votar en el resto de convocatorias electorales -generales, autonómicas, europeas o referendos-.
Un acuerdo al que IU se opone de forma "frontal y general", ya que, en su opinión, elimina un derecho recogido en el artículo 149 de la Constitución "bajo el pretexto de que se ha cometido irregularidades en el pasado" en las votaciones.
También rechaza que el voto por correo sea a partir de ahora "rogado", es decir, que el elector tenga que solicitar la documentación para votar (como sucede en el caso de los españoles que sí residen en España), a diferencia de lo que sucede ahora, cuando los documentos se expiden y envían automáticamente a todos los miembros del Censo de Residentes Ausentes (CERA) sin que lo pidan.
De acuerdo con IU, el voto rogado conlleva "engorrosos trámites" que provocarían una "drástica" bajada de la participación.
Izquierda Unida ha recibido el apoyo de diversas asociaciones de residentes españoles en varios países europeos y latinoamericanos para oponerse a la medida, que también ha causado malestar entre los socialistas y populares emigrados.
miércoles, 27 de enero de 2010
La reforma de la Ley de Extranjeria, explicada ayer por Gauthier, muestra la verdadera cara represiva de la política de inmigración del PSOE
Izquierda Unida de La Rioja considera que la explicación ofrecida ayer por el asesor del Delegado de Gobierno, Gustavo Gauthier, sobre la aplicación de la nueva reforma de la Ley de Extranjería muestra la verdadera cara represiva de la política de inmigración del PSOE, basada en la persecución y la negación de los derechos fundamentales de las personas inmigrantes. Esta reforma de la ley supone un capítulo más de la “competición” entre PP y PSOE para ver quién se muestra más duro contra la inmigración, sin tener en cuenta los derechos humanos.
Así, con la nueva norma, aprobada en el Congreso con los votos a favor del PSOE y la derecha nacionalista de CiU y PNV, se violan derechos fundamentales de las personas inmigrantes, como han denunciado la mayoría de las asociaciones de derechos humanos y movimientos sociales y se incrementa la política de “expulsiones”. Entre otros endurecimientos de la ley, con esta reforma se amplía de 40 a 60 días el período de tiempo en el que los inmigrantes pueden estar recluidos en campos de internamiento o concentración sin haber cometido ningún delito o se limitan derechos básicos como la reagrupación familiar, alcanzando ya incluso el grado de padres o hijos.
A la puesta en marcha de esta reforma, que ya ha tenido consecuencias en La Rioja, como informó ayer Gustavo Gauthier, se le añade el apoyo del Gobierno y los eurodiputados del PSOE, junto a la derecha y extrema derecha europea, a la restrictiva Directiva europea de Retorno, conocida por los movimientos sociales como “la directiva de la vergüenza”, en lo que supone una apuesta decidida por una política represiva ante la inmigración.
En este contexto debemos entender las distintas iniciativas llevadas a cabo por Ayuntamientos del PP, PSOE o CiU para poner trabas al empadronamiento de inmigrantes, como se ha denunciado en los últimos días. En el caso de Logroño, IU se reafirma en su denuncia de que en los últimos meses se han seguido produciendo trabas al empadronamiento de inmigrantes en nuestra ciudad, por no poder acreditar más de tres meses de residencia y ser considerados turistas. En este sentido, nos parecen contradictorias las explicaciones dadas por el equipo de gobierno municipal, en las que no queda claro en qué momento se ha podido suprimir este criterio de empadronamiento establecido en su momento por el gobierno municipal del PP, y, además, se insiste en su legalidad, cuando fue duramente criticado en su momento por la oposición socialista. Por último, el equipo de gobierno municipal sigue sin entender que el empadronamiento es un derecho de todas las personas para poder acceder a servicios universales como la sanidad y la educación, cuando habla de utilizar o no el criterio en función de una mayor o menor flexibilidad en la gestión o el trámite.
Así, con la nueva norma, aprobada en el Congreso con los votos a favor del PSOE y la derecha nacionalista de CiU y PNV, se violan derechos fundamentales de las personas inmigrantes, como han denunciado la mayoría de las asociaciones de derechos humanos y movimientos sociales y se incrementa la política de “expulsiones”. Entre otros endurecimientos de la ley, con esta reforma se amplía de 40 a 60 días el período de tiempo en el que los inmigrantes pueden estar recluidos en campos de internamiento o concentración sin haber cometido ningún delito o se limitan derechos básicos como la reagrupación familiar, alcanzando ya incluso el grado de padres o hijos.
A la puesta en marcha de esta reforma, que ya ha tenido consecuencias en La Rioja, como informó ayer Gustavo Gauthier, se le añade el apoyo del Gobierno y los eurodiputados del PSOE, junto a la derecha y extrema derecha europea, a la restrictiva Directiva europea de Retorno, conocida por los movimientos sociales como “la directiva de la vergüenza”, en lo que supone una apuesta decidida por una política represiva ante la inmigración.
En este contexto debemos entender las distintas iniciativas llevadas a cabo por Ayuntamientos del PP, PSOE o CiU para poner trabas al empadronamiento de inmigrantes, como se ha denunciado en los últimos días. En el caso de Logroño, IU se reafirma en su denuncia de que en los últimos meses se han seguido produciendo trabas al empadronamiento de inmigrantes en nuestra ciudad, por no poder acreditar más de tres meses de residencia y ser considerados turistas. En este sentido, nos parecen contradictorias las explicaciones dadas por el equipo de gobierno municipal, en las que no queda claro en qué momento se ha podido suprimir este criterio de empadronamiento establecido en su momento por el gobierno municipal del PP, y, además, se insiste en su legalidad, cuando fue duramente criticado en su momento por la oposición socialista. Por último, el equipo de gobierno municipal sigue sin entender que el empadronamiento es un derecho de todas las personas para poder acceder a servicios universales como la sanidad y la educación, cuando habla de utilizar o no el criterio en función de una mayor o menor flexibilidad en la gestión o el trámite.
Dedicada al "Socialista" de Gustavo Gauthier:
jueves, 26 de febrero de 2009
El Gobierno pretende multar con hasta 10.000 euros a quien cobije a 'sin papeles'
El Gobierno pretende multar con sanciones de hasta 10.000 euros a quienes den cobijo a inmigrantes en situación administrativa irregular, conforme recoge el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que tipifica como infracción grave "promover la permanencia irregular en España de un extranjero".
El texto de modificación aprobado en Consejo de Ministros y que está en ciernes de iniciar su tramitación parlamentaria, entiende que se promueve la permanencia irregular "cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y de prolongue la estancia autorizada más allá del período legalmente previsto".
Se tendrán especialmente en cuenta todas las circunstancias personales y familiares a la hora de proponer la sanción.
Las sanciones para las infracciones graves en la Ley de Extranjería conllevan una multa de entre 501 y 10.000 euros, aunque en este caso "se tendrán especialmente en cuenta todas las circunstancias personales y familiares" a la hora de proponer la sanción por cobijar a un inmigrante.
En la actualidad, son numerosas las organizaciones no gubernamentales que desarrollan programas para la inserción laboral de extranjeros que se encuentran en España en situación irregular y que les proporcionan alojamiento durante su etapa de formación.
Libertad sin papeles ni trabajo.
Este tipo de iniciativas se desarrollan especialmente con aquellos inmigrantes que llegaron a España de forma clandestina cuando aún no habían cumplido los 18 años y que fueron internados en centros de menores. Al alcanzar la mayoría de edad, el recurso público se agota, y quedan en libertad sin papeles ni trabajo.
lunes, 15 de diciembre de 2008
VI Encuentro de Ciudadanía e Inmigración
VI Encuentro de Ciudadanía e Inmigración
Castellón de la Plana, 12, 13 y 14 de diciembre de 2008
Más fotos aqui.
lunes, 27 de octubre de 2008
Comisiones Especializadas del CJE en Miranda de Ebro
Este fin de semana en Miranda de Ebro (Burgos), tuvieron lugar la Reunión de Comisiones Especializadas, un debate sobre los objetivos prioritarios para determinar las actividades, iniciativas y proyectos para el periodo 2009-2010.Estas Comisiones Especializadas se dividieron en cinco grupos:
Socioeconomía (empleo, vivienda, rural)
Educación Integral (salud, medio ambiente, educación)
Derechos e Igualdad de Oportunidades (discapacidad, juventud gitana, infancia, LGTB, educación para la paz, desarrollo rural, mujer joven, inmigración e interculturalidad)
Participación y promoción asociativa ( coordinación con y de las entidades del CJE, interlocución como tercer sector, fortalecimiento de las entidades miembro, movimientos sociales, derechos de ciudadanía, Europa, Iberoamérica, espacio Euromediterraneo)
A estas Comisiones Especializadas pude asistir por Jóvenes de IU junto con otros cuatro compañeros los cuales nos dividimos por las distintas Comisiones. Así mismo asistieron otros 5 camaradas de la UJCE como entidad miembro del CJE.
En la Comisión de Derechos e Igualdad de Oportunidades que es en la que me toco estar presente se pudo debatir desde la diversidad funcional, protocolos de accesibilidad, talleres de lenguaje de signos, fomentar las áreas de trabajo dentro de la web del CJE, fomentar la visibilidad de la juventud gitana, campañas contra los juguetes bélicos, campañas contra la getización, trabajar en los nuevos modelos de familia, endurecimiento de las penas y condenas integras para los pederastas, derechos de la infancia, interculutalidad, fomento del asociacionismo inmigrante, tratamiento en los medios de comunicación de la inmigración, integración, derecho al voto del inmigrante, regularización de los inmigrantes, igualdad de genero, lenguaje no sexista, aborto, prostitución. Dentro del área LGTB de esta comisión que fue en la que mas participé se acordaron varios puntos muy interesantes sobre la adopción, normalizar los libros de texto, crear dentro de la web del CJE una especie de buzón sobre discriminación, campañas contra la LGTBfobia, solicitar la inclusión de los contenidos afectivo-sexuales en EpC, asilo político para los inmigrantes LGTB, 17 de mayo y 28 de junio.
Me resultó muy curioso que por ejemplo en el tema LGTB teníamos muchas posturas muy comunes dado el gran dispar de asociaciones y entidades de varias corrientes ideológicas, sobre en EpC o sobre que hace falta una ley contra la LGTBfobia.
Considero que estas Comisión han sido una gran herramienta sobre en que debe y tiene que trabajar el CJE en el próximo año y me causo una gran decepción que el Consejo de la Juventud de La Rioja no acudiera nadie. La voz de la juventud riojana debía de estas presente en estas Comisiones con el fin de que se expresara y se dieran a conocer los problemas que sufrimos los jóvenes de esta comunidad.
Quiero criticar la actitud de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de La Rioja (PR-PSOE) no acudiendo a este encuentro tan importante donde se han marcado los objetivos en los que se debe trabajar el CJE para el próximo periodo 2009-2010.
miércoles, 18 de junio de 2008
Me siento orgulloso de pertenecer a IU
Como dice Kabila mas que nunca me siento orgulloso de pertenercer a una organización como Izquierda Unida, el unico grupo politico que ha votado NO a la conocida directiva de la vergüenza, la que trata a los inmigrantes como mercancías. La de la creación de limbos guantanameros.Han votado que sí el PP europeo, los liberales y los nacionalistas de derecha. Votaron en contra los socialistas europeos, menos los españoles, que salvo tres, votaron a favor.
Señores del Partido Socialista Obrero Españo. ¿Donde esta lo de socialista? ¿Y lo de de obrero? Ya está bien de confundir al personal, quitaros la careta. Por mucho que estos personajes que pertenecen al PSOE, no son de izquierdas, que no nos engañen. Y aquí están los diputados “socialistas” de la vergüenza:
DÜHRKOP DÜHRKOP, Bárbara.
DÜHRKOP DÜHRKOP, Bárbara.
AYALA SENDER, Inés.
BADIA i CUTCHET, Maria.
BARÓN CRESPO, Enrique.
CARNERO GONZÁLEZ, Carlos.
CERCAS, Alejandro.
FRAILE CANTÓN, Juan.
GARCÉS RAMÓN, Vicente Miguel.
GARCÍA PÉREZ, Iratxe.
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Miguel Angel.
MASIP HIDALGO, Antonio.
MEDINA ORTEGA, Manuel.
MENÉNDEZ del VALLE, Emilio.
MIGUÉLEZ RAMOS, Rosa.
MORENO SÁNCHEZ, Javier.
PLEGUEZUELOS AGUILAR, Francisca.
RIERA MADURELL, Teresa.
SALINAS GARCÍA, María Isabel.
SÁNCHEZ PRESEDO, Antolín.
SORNOSA MARTÍNEZ, María.
YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA, Luis.
En 2009, tenemos Elecciones Europeas, supongo que volveremos a oir eso del voto útil, de parar a la derecha, de votar el mal menor para que no gane la derecha, bla, bla, bla,..
LA PRIMERA VEZ QUE ME ENGAÑASTE FUE CULPA TUYA
PERO LA SEGUNDA VEZ FUE CULPA MIA
POR NO HABERTE DEJADO A LA PRIMERA
YA TU SABES QUIENES SON
lunes, 11 de febrero de 2008
12 MEDIDAS URGENTES POR LA DIGNIDAD DE LOS/LAS MIGRANTES
Tenemos derecho a tener derechos”
Algunos ciudadanos se encuentran sometidos a una serie de normas legales diferentes a las del resto de personas por razón de su origen. La Ley de Extranjería, desde su primera versión de 1.985 ha establecido requisitos cada vez más difíciles, alejados de la realidad social y en ocasiones imposibles de cumplir a quien pretenda establecerse legalmente en España. Además, se han multiplicado los controles de documentación arbitrarios, las detenciones discriminatorias, el internamiento y las expulsiones en condiciones que vulneran los tratados Internacionales suscritos por España en materia de asilo y Derechos Humanos.
Mientras las condiciones de vida de los ciudadanos migrantes son cada vez más difíciles, las administraciones siguen primando la inversión en políticas de control frente al gasto social. Los últimos cambios legislativos han ido dirigidos a evitar la entrada, dificultar la permanencia y facilitar la expulsión de las personas migrantes que se encuentran en España, en vez de destinar recursos a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, migrantes o no, cada vez más precarias.
Junto a ello, proliferan los discursos que tratan la inmigración y a los inmigrantes como “un problema”. Se trata al inmigrante como enemigo peligroso, delincuente, probable terrorista, invasor… y de esta forma se fomenta en el conjunto de la ciudadanía el miedo y la sensación inseguridad, con el objetivo de asegurarse una población dócil y sumisa, a disposición de trabajar en peores condiciones que la población autóctona.
El racismo institucional fomenta racismo social y produce la marginación de la población migrante en el plano legal, laboral, social, educativo, de vivienda, etc., permitiendo y aumentando la explotación laboral.
En este sentido, el Estado Español no es una excepción dentro de Europa. Las políticas migratorias de la UE, a la vez que se centran en la lucha contra la inmigración “ilegal”, tratan de promocionar las migraciones regulares y temporales, subordinadas a las necesidades del mercado de trabajo europeo, demostrando una concepción puramente utilitarista e instrumental de la inmigración. No se tienen en cuenta las profundas desigualdades económicas, injusticias sociales, hambrunas y guerras, origen de los actuales procesos migratorios. Y de esta forma se niega a millones de personas el derecho humano elemental de buscar una vida digna independientemente de su lugar de nacimiento.
Esta política degrada y envilece al conjunto de la sociedad. Por ello desde la convicción racional y ética de la igualdad de las personas y la universalidad de los derechos, las organizaciones y personas que suscribimos este escrito afirmamos el DERECHO A TENER DERECHOS de las personas migrantes. Con este objetivo y mientras seguimos trabajando para la necesaria derogación de la actual Ley de Extranjería, exigimos al próximo GOBIERNO DE ESPAÑA la adopción de las siguientes
12 Medidas Urgentes por la Dignidad de los/las migrantes:
A) REGULARIZACIÓN INMEDIATA Y GARANTÍAS A LA RESIDENCIA Y VIDA FAMILIAR
1.- Nuevo proceso de regularización no condicionado al contrato de trabajo
Apertura de un proceso de regularización que garantice el permiso de residencia y trabajo para todas las personas migrantes "sin papeles" que habitan en el territorio español, sin condicionarlo a la exigencia de un contrato de trabajo previo, a fin de terminar con la explotación laboral y la corrupción que conlleva dicha exigencia.
2.- Adaptación a la realidad de los requisitos para acogerse al arraigo social:
- reducción a un año el tiempo de estancia exigido
- que el hecho de tener una orden de expulsión por causas administrativas no sea un impedimento para obtener el arraigo
- no subordinación de su concesión a la posesión de un contrato de trabajo
- eliminación de los requisitos de imposible cumplimiento (como, por ejemplo, el certificado de penales de nacionales de países sin embajada en España) o que signifiquen discriminación o un trato degradante para el inmigrante (como determinadas pruebas médicas).
- facilitar de la regularización de personas con hijos nacidos en España.
3.- Flexibilización de los requisitos para acogerse al arraigo laboral
Otorgamiento del arraigo laboral a toda persona que por cualquier medio de prueba válido en derecho acredite existencia de una o varias relaciones laborales que sumen un periodo igual o superior a seis meses.
4.-Flexibilización de los requisitos para la tramitación de la reagrupación familiar adaptándolas a la realidad del mercado laboral y de vivienda de España y garantizando ante todo el derecho fundamental de vivir en familia, así como el derecho a trabajar de los familiares reagrupados.
5.- Garantía de los derechos laborales y de vida familiar de los trabajadores temporeros contratados en origen. Establecer una política de contratación estable que garantice la igualdad de derechos, la reagrupación familiar y la posibilidad de residencia estable en Europa. Creación de comisiones independientes de investigación y control del cumplimiento de los derechos laborales hasta que esto suceda.
6.- Aumento significativo de los recursos para garantizar el acceso a la información y para dar una respuesta ágil y eficaz a los trámites administrativos que afectan a los inmigrantes (arraigo, renovación, homologación de títulos, etc.), así como garantizar una asistencia real y efectiva de los letrados del turno de oficio cuando así corresponda.
B) CESE DE LOS ABUSOS POLICIALES Y LA DISCRIMINACIÓN
7.- Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros. Creación de comisiones independientes de investigación y seguimiento (formada por organizaciones en defensa de los Derechos Humanos) hasta su cierre definitivo.
8.- Derogación del Protocolo de actuación aprobado en Septiembre de 2.007 para las repatriaciones y el traslado de detenidos por vía aérea y/o marítima.
9.- Orden inmediata de paralizar toda actuación arbitraria en relación a los controles de documentación, las detenciones, el secuestro de pasaportes y las expulsiones que sufre la población inmigrante, especialmente en el caso de los menores de edad.
Asimismo, prohibición de iniciar expedientes de expulsión a quien denuncie irregularidades laborales, abusos policiales o agresiones xenófobas, así como a las víctimas de la violencia de género o a quien sufra cualquier tipo de violación de sus derechos fundamentales.
10.- Retirada definitiva de la Proposición de Ley Orgánica de Medidas para la Lucha Contra la Inmigración Clandestina.
C) IGUALDAD PLENA DE DERECHOS
11.- Cumplimiento inmediato y efectivo de los acuerdos internacionales suscritos por España es materia de asilo y derecho de los trabajadores inmigrantes y firma de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
12.- Garantizar el derecho de sufragio activo y pasivo para las personas inmigrantes, así como el ejercicio de los derechos laborales, sociales, civiles y culturales en régimen de igualdad con los ciudadanos autóctonos.
Algunos ciudadanos se encuentran sometidos a una serie de normas legales diferentes a las del resto de personas por razón de su origen. La Ley de Extranjería, desde su primera versión de 1.985 ha establecido requisitos cada vez más difíciles, alejados de la realidad social y en ocasiones imposibles de cumplir a quien pretenda establecerse legalmente en España. Además, se han multiplicado los controles de documentación arbitrarios, las detenciones discriminatorias, el internamiento y las expulsiones en condiciones que vulneran los tratados Internacionales suscritos por España en materia de asilo y Derechos Humanos.
Mientras las condiciones de vida de los ciudadanos migrantes son cada vez más difíciles, las administraciones siguen primando la inversión en políticas de control frente al gasto social. Los últimos cambios legislativos han ido dirigidos a evitar la entrada, dificultar la permanencia y facilitar la expulsión de las personas migrantes que se encuentran en España, en vez de destinar recursos a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, migrantes o no, cada vez más precarias.
Junto a ello, proliferan los discursos que tratan la inmigración y a los inmigrantes como “un problema”. Se trata al inmigrante como enemigo peligroso, delincuente, probable terrorista, invasor… y de esta forma se fomenta en el conjunto de la ciudadanía el miedo y la sensación inseguridad, con el objetivo de asegurarse una población dócil y sumisa, a disposición de trabajar en peores condiciones que la población autóctona.
El racismo institucional fomenta racismo social y produce la marginación de la población migrante en el plano legal, laboral, social, educativo, de vivienda, etc., permitiendo y aumentando la explotación laboral.
En este sentido, el Estado Español no es una excepción dentro de Europa. Las políticas migratorias de la UE, a la vez que se centran en la lucha contra la inmigración “ilegal”, tratan de promocionar las migraciones regulares y temporales, subordinadas a las necesidades del mercado de trabajo europeo, demostrando una concepción puramente utilitarista e instrumental de la inmigración. No se tienen en cuenta las profundas desigualdades económicas, injusticias sociales, hambrunas y guerras, origen de los actuales procesos migratorios. Y de esta forma se niega a millones de personas el derecho humano elemental de buscar una vida digna independientemente de su lugar de nacimiento.
Esta política degrada y envilece al conjunto de la sociedad. Por ello desde la convicción racional y ética de la igualdad de las personas y la universalidad de los derechos, las organizaciones y personas que suscribimos este escrito afirmamos el DERECHO A TENER DERECHOS de las personas migrantes. Con este objetivo y mientras seguimos trabajando para la necesaria derogación de la actual Ley de Extranjería, exigimos al próximo GOBIERNO DE ESPAÑA la adopción de las siguientes
12 Medidas Urgentes por la Dignidad de los/las migrantes:
A) REGULARIZACIÓN INMEDIATA Y GARANTÍAS A LA RESIDENCIA Y VIDA FAMILIAR
1.- Nuevo proceso de regularización no condicionado al contrato de trabajo
Apertura de un proceso de regularización que garantice el permiso de residencia y trabajo para todas las personas migrantes "sin papeles" que habitan en el territorio español, sin condicionarlo a la exigencia de un contrato de trabajo previo, a fin de terminar con la explotación laboral y la corrupción que conlleva dicha exigencia.
2.- Adaptación a la realidad de los requisitos para acogerse al arraigo social:
- reducción a un año el tiempo de estancia exigido
- que el hecho de tener una orden de expulsión por causas administrativas no sea un impedimento para obtener el arraigo
- no subordinación de su concesión a la posesión de un contrato de trabajo
- eliminación de los requisitos de imposible cumplimiento (como, por ejemplo, el certificado de penales de nacionales de países sin embajada en España) o que signifiquen discriminación o un trato degradante para el inmigrante (como determinadas pruebas médicas).
- facilitar de la regularización de personas con hijos nacidos en España.
3.- Flexibilización de los requisitos para acogerse al arraigo laboral
Otorgamiento del arraigo laboral a toda persona que por cualquier medio de prueba válido en derecho acredite existencia de una o varias relaciones laborales que sumen un periodo igual o superior a seis meses.
4.-Flexibilización de los requisitos para la tramitación de la reagrupación familiar adaptándolas a la realidad del mercado laboral y de vivienda de España y garantizando ante todo el derecho fundamental de vivir en familia, así como el derecho a trabajar de los familiares reagrupados.
5.- Garantía de los derechos laborales y de vida familiar de los trabajadores temporeros contratados en origen. Establecer una política de contratación estable que garantice la igualdad de derechos, la reagrupación familiar y la posibilidad de residencia estable en Europa. Creación de comisiones independientes de investigación y control del cumplimiento de los derechos laborales hasta que esto suceda.
6.- Aumento significativo de los recursos para garantizar el acceso a la información y para dar una respuesta ágil y eficaz a los trámites administrativos que afectan a los inmigrantes (arraigo, renovación, homologación de títulos, etc.), así como garantizar una asistencia real y efectiva de los letrados del turno de oficio cuando así corresponda.
B) CESE DE LOS ABUSOS POLICIALES Y LA DISCRIMINACIÓN
7.- Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros. Creación de comisiones independientes de investigación y seguimiento (formada por organizaciones en defensa de los Derechos Humanos) hasta su cierre definitivo.
8.- Derogación del Protocolo de actuación aprobado en Septiembre de 2.007 para las repatriaciones y el traslado de detenidos por vía aérea y/o marítima.
9.- Orden inmediata de paralizar toda actuación arbitraria en relación a los controles de documentación, las detenciones, el secuestro de pasaportes y las expulsiones que sufre la población inmigrante, especialmente en el caso de los menores de edad.
Asimismo, prohibición de iniciar expedientes de expulsión a quien denuncie irregularidades laborales, abusos policiales o agresiones xenófobas, así como a las víctimas de la violencia de género o a quien sufra cualquier tipo de violación de sus derechos fundamentales.
10.- Retirada definitiva de la Proposición de Ley Orgánica de Medidas para la Lucha Contra la Inmigración Clandestina.
C) IGUALDAD PLENA DE DERECHOS
11.- Cumplimiento inmediato y efectivo de los acuerdos internacionales suscritos por España es materia de asilo y derecho de los trabajadores inmigrantes y firma de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
12.- Garantizar el derecho de sufragio activo y pasivo para las personas inmigrantes, así como el ejercicio de los derechos laborales, sociales, civiles y culturales en régimen de igualdad con los ciudadanos autóctonos.
Firma el manifiesto:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
