martes, 31 de enero de 2012

¿Dónde está la eficiencia?

Frente al mayor ataque de la historia, es esencial la defensa de los trabajadores públicos y, por tanto, de los derechos de los ciudadanos. He manifestado esta declaración de principios en no pocas ocasiones, pero una de ellas tenía una justificación añadida. Y es que, muy pocas horas después del terremoto de Lorca, que asoló vidas y enseres, pudimos comprobar de manera fehaciente de qué hablamos cuando hablamos de lo público. Allí estaban el Ejército, los bomberos, personal médico, las distintas policías, técnicos evaluando los daños, etc.

Los elogios que, justamente, mereció este despliegue de recursos, contrastaban con las críticas que, durante el verano de 2005, mereció la administración Bush por su aptitud incompetente frente a los efectos provocados por el huracán Katrina en Misisipi y Luisiana. A los que no vimos, ni en EEUU ni en Lorca, fue a los mercados, ni tampoco los esperaba nadie. Viene este recordatorio a propósito del muy interesado empeño que, desde diversos sectores, se está desplegando para acabar con lo público.

¿Es más eficaz lo privado que lo público? En primer lugar hay que desmontar el mito de que la administración española está muy sobrecargada. En una comparativa rápida con su entorno los datos son elocuentes, mientras que los empleados del conjunto de la Administración suponían en 2008 el 12,3% del total de trabajadores, en Italia era el 14,3%; en Reino Unido el 17,4%; y en EEUU el 14,6%; y en Dinamarca y Noruega superaba el 25%, según la OCDE, que cita datos de 2008. Estos son los datos, más allá de manipulaciones interesadas.

A quienes se empeñan en satanizar el papel del Estado y de lo público, habría que recordarles que las dificultades de los estados han llegado como consecuencia del esfuerzo realizado ante el volumen de los problemas de los bancos. Todo ello nos sitúa ante una gran paradoja cargada de cinismo: tras haber salvado estos a los grandes bancos de una quiebra segura, para lo que han tenido que endeudarse gastando enormes cantidades de dinero, los estados son acusados ahora de despilfarradores. Las agencias de calificación de riesgos, esas empresas privadas que actúan a su conveniencia y antojo sin regulación alguna, obviaron los tejemanejes utilizados por otros entes también privados (como Enron, Lehman Brothers, etc.), pero se empecinan en reducir a la categoría de fallidas las posibilidades y expectativas de países.

Hoy en día, conceptos como el de evaluación de políticas públicas, calidad democrática o eficiencia social están siendo borrados de nuestro acervo colectivo. Los mercados y las políticas de derechas han dejado aparcada la necesidad de fortalecer el sistema democrático y mejorar la eficacia de sus administraciones, ¿para qué si lo que se pretende es reducirlas a su mínima expresión? Leo en un estupendo monográfico de la revista TEMAS de noviembre de 2010: “La evaluación de políticas públicas trata de conectar criterios de democracia y mecanismos de control y eficiencia, entendiendo que esta última, en el sector público, no puede concebirse simplemente a partir de los criterios de mercado, que deben equilibrarse con otros elementos de valor propios de este ámbito: como las ideas de equidad, cohesión social, solidaridad, corresponsabilidad, cooperación institucional…”.

Qué cerca y qué lejos queda ya esa fecha. El ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló recientemente con ocasión de los malos datos del paro y de afiliación, como elementos que ponen “en cuestión la sostenibilidad del Estado del bienestar”. De Guindos, que antes que ministro fue banquero a sueldo de los hermanos Lehman, parece no conceder importancia al hecho de que, como consecuencia de la enorme sangría sufrida por las arcas del Estado para salvar a los suyos de sus propios fiascos, se ha inutilizado una enorme cantidad de recursos económicos que serían muy necesarios para el relanzamiento de la economía productiva y el empleo desde lo público. Por tanto, las “dificultades de financiación” que esgrimen los informes de la CEOE como principal problema al que se enfrentan las empresas españolas tienen nombre y apellidos.

A finales de la década de los setenta empezó a ser cuestionado el consenso social y político en el que se fundamentó el Estado del bienestar. Al merme fueron eliminando coberturas hasta recrear en una buena parte del imaginario colectivo un perfil borroso acerca de su eficacia y razón de ser. Así y todo, el último barómetro del CIS nos confirma que sobre las vías para mejorar la situación económica del país, la mayoría de encuestados declara preferir las políticas de inversión en obras públicas y servicios sociales, aunque haya que subir los impuestos, frente a las políticas de reducción del déficit y deuda pública. Otra cuestión no menos relevante es que para la gran mayoría, los principales responsables de la crisis son los bancos.

Sostenía Grover Norquist, asesor económico de Bush en 2004: “No quiero acabar con el Estado; sólo quiero hacerlo tan pequeño que pueda ahogarlo en una bañera”. Cristóbal Montoro, orientador y nutricionista económico de Rajoy, encamina ya sus pasos hacia el “adelgazamiento” del sector público. Un nuevo expolio está servido. Pero eso sí, con la garantía de que los “eventuales procesos de privatización” de empresas públicas que presten “servicios cuya naturaleza sea compatible con una prestación más eficiente para el ciudadano por parte del sector privado” se harían “con total transparencia y evaluación independiente” Son palabras como terremotos, ideología pura.

Cayo Lara, Coordinador Federa de IU en Público

lunes, 16 de enero de 2012

Españoles, Fraga ha muerto

El ex-ministro franquista y presidente fundador del Partido Popular Manuel Fraga ha fallecido sobre las 22.30 horas de este domingo a los 89 años en su domicilio de Madrid. Fraga ha muerto por una parada cardiaca al no recuperarse de una afección respiratoria que venía arrastrando desde hace algunos días.

Tras una operación de cadera el pasado mes de abril, consecuencia de una caída doméstica, su estado de salud era delicado y el exsenador se desplazaba en silla de ruedas y seguía la actualidad política desde su domicilio madrileño.

Manuel Fraga comenzó su carrera política en 1951 llegando a ser ministro de Información y Turismo de Franco y embajador en el Reino Unido.

Se da la circunstancia que el pasado mes de diciembre un juez federal de Argentina pidió al Estado español que aportase información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad de la dictadura franquista -entre ellos Manuel Fraga- en el marco de la investigación abierta por crímenes cometidos durante el régimen de Francisco Franco. El exhorto de la juez federal María Servini de Cubría solicitó nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el periodo comprendido entre el 17 julio de 1936 y 15 junio de 1977. En esas fechas, con Manuel Fraga como ministro, se produjeron hechos como el fusilamiento en 1963 del dirigente comunista Julián Grimau, tras un famoso proceso carente de pruebas acusatorias de unos presuntos delitos ocurridos treinta años antes -durante la Guerra Civil-.

domingo, 8 de enero de 2012

Invierno: Valles del Oja y del Leza

Galeria de imagenes en la web www.lariojaturismo.org del de los valles del Ojo y del Leza, algunas imagenes pertenecen a Soto en Cameros.

viernes, 6 de enero de 2012

"El 80% del peso del alza del IRPF recaerá sobre pensionistas y trabajadores"

Subir el impuesto de sociedades un 5% -del 30% al 35%- a las grandes empresas, aquellas que facturan más de 45 millones de euros y cuyos beneficios superen el millón de euros, permitiría recaudar casi tanto como todos los primeros ajustes anunciados por el Gobierno de Rajoy juntos: Casi 14.000 millones de euros. Aún más: Con sólo reducir en diez puntos la economía sumergida en España, la Administración podría recaudar cada año más de 38.500 millones adicionales, más del doble de los 16.500 millones que en un principio preveía ahorrar el nuevo Ejecutivo en 2012. Son algunas de las medidas alternativas al ajuste que proponen los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), con cuyo presidente, Carlos Cruzado, ha hablado Diagonal.

El Real Decreto Ley de medidas urgentes que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, "el inicio del inicio" (en expresión de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría) supone una reducción del gasto de 8.900 millones de euros y un aumento de los ingresos de 6.275 millones de euros. "Ajustes que recaerán en su mayor parte sobre las clases medias y bajas", aseguran desde Gestha. De hecho, según sus cálculos, el 80% del peso del alza del IRPF recaerá sobre pensionistas y trabajadores.

Este colectivo, el más representativo dentro de este Ministerio y de la Agencia Tributaria, propone otras medidas alternativas a nuevos ajustes muy distintas a las aplicadas por el recién estrenado Gobierno ’popular’: Impuestos sobre la Riqueza; la modificación de las SICAV, "un coladero del fraude" de las grandes fortunas, que además saben bien cómo evitar rendir cuentas con el Fisco; Impuestos a las Transacciones Financieras Internacionales en el marco de la OCDE; o luchar contra la economía sumergida, que supone cerca de 245.000 millones anuales, el 23,3% del PIB.

Los ingresos más bajos aportarán 2.065 millones de euros y los más altos, 465
Y es que, efectivamente, según las cifras que Gestha ha hecho públicas en una nota, la subida del IRPF aprobada por el Gobierno el pasado viernes costará de media 222 euros anuales a cada contribuyente y recaerá en su mayor parte sobre las clases medias y bajas con ingresos por debajo de los 33.000 euros anuales -que representan el 85% de los trabajadores-.

 Los tramos de ingresos que se mueven en torno al mileurismo (hasta 17.700 euros brutos anuales, el 55% del total) y los que no llegan a 33.000 euros, unidos al de los asalariados que no alcancen los 53.400 euros, aportarán en conjunto unos 2.065 millones de euros anuales, lo que supone más de la mitad de los 4.111 millones de euros que el Ejecutivo prevé recaudar gracias a esta subida temporal del IRPF. En el extremo opuesto, el peso total de la aportación de los trabajadores más ’afortunados’ -aquellos que ganan más de 300.000 euros anuales y que apenas suponen un 0,2% del total- no alcanzará siquiera los 465 millones de euros.

Junto a estos cambios, la modificación del IRPF también afectará a los ingresos provenientes del ahorro. "En cualquier caso, el aumento de los gravámenes al ahorro tan sólo generará unos 1.246 millones de euros anuales, por lo que el 80% de la nueva subida recaerá una vez más sobre los trabajadores -incluidos los desempleados y pensionistas- y no, como hubiera sido deseable, sobre otros rendimientos más vinculados a los grandes patrimonios, como los de capital", aseguran los técnicos de Hacienda.

Por si fuera poco, otra de las consecuencias de esta modificación del IRPF es que la actualización de las pensiones apenas se notará en el bolsillo de los jubilados, y en algunos casos se verá incluso neutralizada por la subida de impuestos.


Por ejemplo, según los cálculos de Gestha, en nuestro país hay más de un millón de pensionistas (el 13,4% del total) que, al percibir prestaciones por encima de los 22.000 euros durante el pasado año, verán eclipsada su revalorización y terminarán perdiendo poder adquisitivo durante el próximo año.