miércoles, 15 de mayo de 2013

“AHORA TODOS SOMOS PERROFLAUTAS”

Fue éste un lema más en una de las muchas pancartas caseras que brotaron en las masivas movilizaciones del pasado verano. Pero revela con lucidez el sentido de la actual fase de la protesta, una nueva realidad donde se desbordan y trascienden los cauces habituales, adoptando formas de desobediencia civil muy similares a las planteadas por el movimiento 15M.
Dos años después de su eclosión, si bien las asambleas en plazas y barrios perviven con una menor asistencia –pero con el mismo grado de compromiso-, a cambio su espíritu se ha extendido. Sirvan de ejemplo las diferentes ‘mareas’ en defensa de los servicios públicos, los cortes de calles de funcionarios por iniciativa propia coreando consignas surgidas en el 15M –“no nos representan” o “no es una crisis, es una estafa”- y la lucha de los interinos en la educación pública riojana. O, a escala general, con el carácter más social de la pasada huelga general, la sostenida batalla de la sanidad pública madrileña, la presencia constante de los afectados por las preferentes, las ocupaciones de viviendas sin uso, centros sanitarios y educativos o la gran movilización que supuso la Marea Ciudadana del pasado 23F.
Porque, más allá de clichés mediáticos, el 15M no es una marca, ni una organización al uso, sino una actitud colectiva frente a la situación presente de marasmo y colapso sistémico. Continua alertando del desastre en la gestión institucional de la “crisis”, denunciando las causas y concienciando de sus consecuencias, pero sólo es un paso más en el incremento cualitativo y cuantitativo de la masa crítica ciudadana. En todo caso, estamos hablando de una “enmienda a la totalidad” –en palabras del escritor Isaac Rosa- o de un “cambio de paradigma”, como fue descrito muy oportunamente en este mismo espacio por dos profesores de sociología de la UR.
Otros movimientos sociales llevan mucho más tiempo haciendo esa labor crítica y proponiendo alternativas. Uno de los mayores logros del 15M ha consistido precisamente en su visibilización, para actualizar, generalizar y hacer más comprensible el discurso disidente a la dictadura del pensamiento único oficial. Y como una lluvia fina, en definitiva, sigue calando en amplios sectores sociales, canalizando parte del malestar y proyectando la posibilidad real –y urgente- de un cambio profundo.
Desde mayo de 2011, Asamblea Logroño 15M ha consensuado propuestas por una democracia realmente participativa, como el referéndum vinculante, para validar o rechazar cualquier medida de ajuste. Ha apostado por conectar personas y colectivos, logrando unir a las diferentes ‘mareas’ en las convocatorias ‘Rodea el Parlamento’ y ‘Marea Ciudadana’. Ha mantenido una presencia continuada y vigilante en el pleno del Ayuntamiento de Logroño, para poner en evidencia la falta de transparencia. Y el Grupo de Economía ha trabajado muy duro para concienciar y difundir alternativas con los ciclos informativos “Cuentos del capitalismo” y “Do It Yourself”.
Tras la inicial efervescencia en la Plaza del Mercado, nacieron la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en La Rioja y proyectos comunitarios como la Cooperativa Integral Riojana, los Mercados de Trueque o la Tienda Gratis. Personas que no se rinden a la resignación y la pasividad los hacen posibles. Estas iniciativas se suman a muchas otras que han surgido al calor de otras plazas y grupos en la órbita del 15M, como la plataforma para la auditoría integral de la deuda (auditoriaciudadana.net) o 15MpaRato, que está tratando de encausar sin atajos a los verdaderos responsables de la estafa Bankia tras la escasa actuación de la Justicia.
El reciente cortocircuito de la economía capitalista desvela su insostenibilidad a medio plazo, si no antes, por la absoluta financiarización –una ficticia vía de escape, con las personas convertidas en última fuente de liquidez, y Chipre es la prueba. En nuestro país, la gangrena es mayor por el desvarío inmobiliario y la acelerada descomposición del régimen ejemplificada en los indultos generalizados a corruptos, en los sobres de Bárcenas, en el caso ERE, en Urdangarín. Un bipartidismo sumiso al expolio de los mercados rompió en 2011 el (incumplido) contrato social de 1978 con una reforma express de la Constitución. Sin dar opción alguna a una consulta popular, puso negro sobre blanco la prioridad absoluta en el pago de la deuda y sus intereses sobre la cobertura de necesidades básicas. Es decir, avalando el golpe de estado financiero por imperativo de la Troika.
Por eso, al criminalizarse cualquier tipo de movilización pacífica desde el pasado 25S, como los escraches de la PAH, resulta cuando menos cínico oír calificar a los manifestantes hasta el ridículo de ‘nazis’, ‘golpistas’, ‘etarras’, ‘antisistemas’ o ‘violentos’: recorte a recorte, se ejerce una violencia estructural hacia los estratos sociales más débiles y es de dominio público que los que están acabando con el sistema no se encuentran precisamente en las calles. Y resulta patético porque no deja de aumentar la represión con mentiras y montajes, detenciones ‘preventivas’ y arbitrarias, sanciones y procesos penales injustos o identificaciones ‘ideológicas’, como conocemos bien en Logroño tras el 14N y ha documentado Stop Represión La Rioja.
Hace dos años, a algún comentarista le desagradaba la imagen de “chabolismo” en las plazas. Sin embargo, ese es el horizonte hoy de muchas personas que rebuscan en la basura. Porque si la única salida que nos ofrecen desde arriba pasa por un país convertido en un vasto campo de concentración de mercancía, unacleptocracia sin derechos ni libertad, la desobediencia civil no es ya una opción sino una necesidad. Cada vez somos más las personas que, desde abajo, conscientes de nuestra responsabilidad individual y colectiva y superando el miedo con el que tratan de criminalizar la protesta, sabemos que es imposible regresar a la fábula de 2007, con las crisis ecológica y energética abiertas de par en par. Que legalidad no equivale a legitimidad. Y que no habrá democracia real sin una economía sometida al bien común. Por ello, esta revuelta global, por encima de todo tipo de fronteras, significa una oportunidad histórica para culminar –y no retroceder- el largo camino de la emancipación humana.
Este es el texto del la tr¡buna de los compañeros de la Comisión de Prensa de Asamblea Logroño 15M que se publica hoy en la prensa local aproposito de los 2 años de desarrollo del 15m en Logroño.

lunes, 6 de mayo de 2013

Rescatados de madrugada dos jovenes que habían quedado atrapados en el cañón del Río Leza


Dos jóvenes, de 34 y 35 años, han sido rescatados esta pasada madrugada por diversos servicios de emergencias, tras haber quedado atrapados en un paraje del cañón del Río Leza, en el municipio de Soto en Cameros, según las informaciones facilitados por SOS Rioja 112.

De acuerdo con estos datos, sobre las 00,21 horas de esta pasada madrugada, el alcalde de Soto en Cameros ha alertado a SOS Rioja 112 de un incidente, en el cual dos personas habían quedado atrapadas en el cañón del Leza y precisaban ser rescatados.

Los atrapados, dos varones de 35 y 34 años, se encontraban en un risco a unos 50 metros de altura del río, debajo del mirador del Cañón de Río Leza o Mirador del Torrejón.

Desde el Centro Coordinador de SOS Rioja se ha movilizado a Guardia Civil, Bomberos de Logroño con una dotación de 4 personas, una ambulancia del Servicio Riojano de Salud en preventivo, al Equipo EREIM de Guardia Civil y un técnico de Protección Civil del Gobierno de La Rioja, y como apoyo a las ERIE, logística e iluminación para facilitar las labores de rescate.

Para el rescate se han montado en un principio cuerdas y poleas para el acceso por el río, en el que los recursos, con trajes de neopreno, han intentado acceder a ellos pero que a causa del fuerte caudal han tenido que desistir.

Posteriormente, los equipos de rescate han procedido a acceder a través del Mirador, bajando con cuerdas y utilizando técnicas usadas en espeleología.

Hacia las 7,30 horas se han rescatado a las dos personas en perfecto estado de salud. Uno de ellos ha podido salir por sus medios, mientras que para el rescate del segundo se ha utilizado una técnica de contrapesos.
Fuente: Europa Press

martes, 23 de abril de 2013

¿Son legales los "escrache"?


Los orígenes del escrache o funa se encuentran en Chile y Argentina. En el contexto de los familiares de las víctimas de los asesinatos masivos de los regímenes militares y dictatoriales de Pinochet y Videla. Surgió en 1995. Pequeñas manifestaciones de una veintena o treintena de personas acudían megáfono en mano a la casa o lugar de trabajo de los implicados en las desapariciones masivas perpetradas en la década de los 70 y 80.  Los activistas denunciaban la impunidad de los responsables de crímenes de guerra que seguían con su vida cotidiana sin rendir cuentas ante la Justicia.

Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Supremo (TS), tienen ya sólidamente asentada una reiterada y constante doctrina jurisprudencial, en el sentido de que ningún derecho constitucional debe de prevalecer, sin más, sobre los demás derechos fundamentales, sino que hay que analizar caso por caso y ponderar los intereses que con cada uno de dichos derechos en litigio están en juego. Y, en tal sentido, lo primero a tener en cuenta es que el artículo 47 de la Constitución Española (CE), dispone: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación…”. Se ve aquí, cómo la CE reconoce el derecho a tener una vivienda, y a que ésta sea digna y adecuada, vinculando dicho reconocimiento a la erradicación de la especulación, a la utilización del suelo de acuerdo al interés general, y también que es el Estado el que debe arbitrar las medidas que posibiliten tal derecho. Pero ello, en modo alguno autoriza a nadie que compre o alquile un piso y no pague, sin más. Sí obliga al Estado a velar por hacer realidad ese derecho en la medida de lo posible y, sobre todo, a evitar la especulación del suelo y en la venta y recalificación de terrenos que en numerosas ocasiones no han hecho sino fomentar la corrupción y la especulación. Es decir, corresponde al Estado arbitrar medidas de equilibrio en virtud de las cuales todos cumplan sus obligaciones y se erradiquen abusos e injusticias.


El derecho de manifestación o concentración en lugares públicos es un derecho fundamental reconocido en el artículo 21 de la Constitución Española (CE); desarrollado por la LO 9/83 de 15 de julio; regulado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950 (art.11); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 (art.21). El TC ha venido sosteniendo, respecto al derecho de manifestación en el que se pretenden refugiar los actos de escrache que el derecho de manifestación es una proyección colectiva de la libertad de expresión efectuada a través de una asociación transitoria de personas que opera de manera instrumental al servicio del intercambio o exposición de ideas, defensa de intereses, publicidad de problemas y reivindicaciones (STC 301/2006); siendo ello un cauce del participación democrática que se configura de tres elementos: una agrupación de personas de carácter transitorio (temporal), con finalidad lícita (licitud) y en un lugar de tránsito público (espacial). Es un derecho de especial importancia en un Estado Social y Democrático de Derecho, como expresión del principio de democracia participativa, pues para muchos grupos sociales es uno de los pocos medios de los que disponen para expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones (STC 301/06 y 236/07); es, así, una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas y reivindicaciones (STC 195/03, 66/95, 85/88, etc.). En ausencia de actos de violencia, es importante que los poderes públicos hagan gala de cierta tolerancia ante concentraciones pacíficas, con el fin de que la libertad de reunión no carezca de contenido, incluso en aquellos casos en que no ha sido comunicada previamente a la autoridad competente (STEDH 5 marzo 2009 Baraco contra Francia, STEDH de 17 de julio de 2008, Achouguian contra Armenia; STEDH 5 diciembre de 2006; Oya Ataman contra Turquía) Parece que no existe ninguna duda, en principio, sobre la legitimidad como tal derecho de expresión y manifestación. Y no habría tampoco ninguna duda, en principio, en cuanto a la legitimidad si se lleva a cabo de forma pacífica, o durante actividades públicas mientras los políticos están realizando su función.

A modo de conclusión, el escrache no es más que un modo de ejercitar un derecho fundamental, el de manifestación, y con él la libertad de expresión y asociación y que, por tanto, no puede criminalizarse, prohibirse o limitarse indiscriminadamente cuando su ejercicio se ajusta a los requisitos del art.21 CE, es decir, un ejercicio pacífico y sin armas, sin peligro para el orden público, las personas o los bienes; puesto que es un derecho fundamental de manifestación y reunión pacífica. 

sábado, 13 de abril de 2013

Asesinos natos


La construcción de la violencia.
El tratamiento por los medio de comunicación.


No es curioso que la CEOE proponga como medida para salir de la crisis una iniciativa para la construcción de 30 nuevos centros penitenciarios con un coste de 2.700 millones de euros. Y no es tampoco menos curioso que su gestión sea mediante una colaboración público-privada a cambio de concesiones a empresas privadas.

Los medios han usado siempre el tema de alarma social y el caos como forma de atraer a la audiencia proponiendo soluciones para esta alarma social las reformas penales y el incremento de penas para sus culpables. Hay que tener en cuenta que estos hechos son siempre aislados y las personas que cometen este tipo de delitos (asesinos en serie,..) son siempre una minoría. El problema que se plantea es que estos temas siempre en la parrilla televisiva haciendo parecer que el problema es mucho mayor del que es.

La película Asesinos Natos es una película que denuncia todos estos temas, como un medio de comunicación, explota la historia de los protagonistas, Mickey y Mallory, una explotación que llega a producir la muerte del periodista protagonista con el único objetivo que posicionarse y tener mayores números de audiencia.

Mickey y Mallory, una pareja de asesinos. Ambos tienen un pasado oscuro, duro y de profundos sufrimientos. Su evolución hacia asesinos en masa será una espiral de delincuencia juvenil exacerbada por un amor desmedido, desmesurado, (del uno por el otro), que les invitará a ambos a ir marcando su paso por los caminos de Nuevo Méjico con un reguero de sangre.

Violentos, agresivos, maltratados, y en su infancia inocentes, que deciden tomarse la justicia por su mano e ir saldando cuentas con la sociedad a su manera.

Un periodista, que no hace más que perseguirlos y entrevistarlos, que no duda de montar un show en la propia cárcel y que no hace más que alimentar el morbo de los espectadores siguiendo a estos personajes.

La telebasura adora la muerte, se inspira en el dolor ajeno y se alimenta de la sangre de las víctimas, de la indefensión de sus familiares. La telebasura como se denomina a estos programas que se nutren de asesinatos y dolor ajeno, necesitan casos como el asesinato de Marta del Castillo, o los crímenes de Alcasser, o el último show  de José Bretón encarcelado acusado de asesinar a sus hijos y como toda la investigación policía ha sido usada con el único fin de crear audiencias televisivas.

“En España los niveles de lectura son muy bajos, el fracaso escolar es muy alto y el desprecio público por la cultura, colosal”, “sin embargo, no todo está perdido: los españoles nos podemos considerar a nosotros mismos los líderes en ‘telebasura’


Bibliografía:

MAGARIÑO, JAVIER F. Propuesta de medida anticrisis de la CEOE al nuevo gobierno: Construir 34 cárceles nuevas. Periódico Solidaridad Obrera, CNT.

PÉREZ DE ALBÉNIZ, JAVIER. We can consider ourselves the world leaders in telebasura - trash TV. Artículo publicado en The Guardian 

viernes, 29 de marzo de 2013

Protestar contra actos injustos #SisePuede



Estos días se habla mucho sobre los actos que desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca están realizando en domicilios de distintos diputados y cargos públicos con el fin de informales sobre la realidad social que muchos ciudadanos estamos pasando.

Una realidad social que muchos de ellos hacer oídos sordos o miran para otro lado como si la cosa no fuera con ellos.

El miedo está cambiando de bando y cada vez más ciudadanos participan en estas protestas y denuncias de una dura realidad social, donde muchas familias no solo pierden su trabajo sino hasta su vivienda teniéndose que ir a vivir a la calle.

¿Qué instrumento tiene el poder para combatir y reprimir esta protesta social? La respuesta el fácil, la fuerza del estado encarnada en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Dice el Gobierno del PP  que estas protestas  son “ilegales” y hasta la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes ha comparado a los manifestantes con terroristas. El poder siempre se ampara en el uso del miedo y la fuerza como instrumento de coacción contra los ciudadanos que usamos la protesta como forma de cambio de una realidad social injusta que están viviendo cada día más familias en nuestro país. 


Pues desde aquí digo que la protesta social contra desigualdades sociales, violación de derechos fundamentales como es la vivienda son totalmente legales y están amparados por tratados internacionales que el estado español tiene firmados.

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.

3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De todas formas el poder ilegitimo, corrupto y amenazo por banqueros y grandes poderes financieros se enmarcaran y ampararán en la Ley Corcuera (LO 1/92 de 21 de febrero) para intentar amedrentar a todos los que participen con el único pretexto de amedrentar al ciudadano.

jueves, 21 de febrero de 2013

Por un proceso constituyente

Os dejo la tribuna que me han publicado hoy en Diario La Rioja:


En estos días de convulsiones y de sonrojo social permanentes, muchos ciudadanos comienzan a darse cuenta de que la solución a los problemas del país no pasa por la sustitución de los gobernantes de un partido político del Régimen por los de otro partido político del Régimen. Necesariamente, la respuesta a la profunda crisis que vivimos pasa por la modificación de las reglas de juego y por la expulsión del poder público de los beneficiarios de este corrupto sistema político, económico y social. 

Está claro que el Régimen está nervioso, los ciudadanos poco a poco van tomando conciencia se están levantando del sofá y salen a la calle a protestar por tanta desigualdad y reclamar unos derechos propios de un Estado Democrático y Social de Derecho. Este miedo que el Régimen tiene, lo estamos viendo con, identificaciones arbitrarias por la policía, multas por participar en protestas, pelotas de goma en manifestaciones como las lanzadas a diestro y siniestro el pasado 14N. 

La Carta Magna fue elaborada en la transición bajo el predominio de los herederos de la dictadura y bajo la vigilancia y presión de unas fuerzas armadas, en aquel entonces, dominadas por sectores claramente antidemocráticos. Es obvio que, entonces, supuso la vía de salida de la dictadura y, por ello, fue ampliamente ratificada por la ciudadanía del momento. Pero realizó un diseño constitucional receloso de la posible participación democrática de los ciudadanos, que no establecía garantías efectivas de los derechos económicos y sociales, que creaba un indefinido Estado autonómico, que convalidaba una jefatura del Estado designada por el dictador y que entregaba todos los poderes del Estado en manos de un Régimen bipartidista instaurado por el PP y el PSOE gracias a una Ley Electoral injusta. El PP y el PSOE se han ido turnado el poder público y durante todos estos años han ido desmantelamiento el Estado social que los ciudadanos nos habíamos dado. 

Casi 35 años después de la aprobación de la Constitución de 1978, los actuales ciudadanos y ciudadanas españolas, la mayoría de los cuales no votamos el texto constitucional, no podemos seguir asumiendo unas reglas de juego que, además de ser realizadas en un clima de libertad tutelada, han sido aún más adulteradas por el desarrollo normativo y las prácticas de una política corrompida. 

En agosto de 2011 PP y PSOE se pusieron de acuerdo para incluir el techo de deficit y la prioridad en el pago a los acreedores como principio constitucional, la reforma se hizo por el procedimiento ordinario, que no requiere de un referéndum para su aprobación y necesita del acuerdo de tres quintas partes de las Cortes. El otro procedimiento, que necesita del apoyo de dos tercios de las cámaras y de un referendum que lo corrobore, es el que lleva a los constitucionalistas a definir la del ’78 como una Constitución “rígida”, difícilmente reformable, donde además toda iniciativa de cambio corresponde al sistema parlamentario. 

Este documento rígido se ha convertido, en un texto de “principios” que no puede asegurar algunos derechos como el acceso a la vivienda, la sanidad o la educación. 

Ante esta situación, se hace imprescindible sacar conclusiones de lo expuesto. Y la más importante de todas, en mi opinión, es que los ciudadanos no podemos esperar que quienes generaron este texto constitucional, lo han aplicado de manera tan equivocada y se han beneficiado del mismo, sean los que asuman la misión de transformarlo en un modelo democrático, garantista, en donde solo reine la igualdad, la libertad y la justicia y no persona alguna. 

Ante todos estos atropellos, los ciudadanos debemos impulsar un proceso constituyente con una democracia participativa donde las decisiones sean de la mayoría y para la mayoría. Tenemos que cambiar de rumbo, un rumbo marcado por los de abajo, y no los intereses de los grandes poderes financieros. 

Paul Auster, cuando fue preguntado en un café de Brooklyn sobre lo que inspiraba sus relatos, comentó que «para los que no tenemos creencias religiosas, la democracia es nuestra religión». De hecho, la democracia también es la religión de todos los que no soportan que se tergiverse la verdad para engañar a los necios, y piensan en cómo dejarles a las futuras generaciones un lugar decente donde vivir. Lo contrario es apostar por que todo siga igual de mal.