Soto en Cameros vuelve a quedarse fuera de las ayudas para su consultorio médico

La defensa de la sanidad pública también empieza por cuidar nuestros consultorios rurales. 

El Gobierno de La Rioja ha resuelto las ayudas de 2026 para el mantenimiento y equipamiento de los consultorios de Atención Primaria. Y Soto en Cameros no aparece ni entre las subvenciones concedidas ni entre las solicitudes denegadas.

Mientras otros municipios de Cameros sí han solicitado financiación para mantener y mejorar sus consultorios, en Soto no consta que el Ayuntamiento haya concurrido a estas líneas.

En nuestros pueblos cada recurso cuenta. No podemos permitirnos dejar pasar ayudas destinadas a sostener servicios públicos esenciales.

La sanidad rural se defiende con hechos: garantizando recursos, cuidando las instalaciones y aprovechando todas las herramientas disponibles para mantener una Atención Primaria pública y de calidad.

Mucho anuncio y pocos cajeros: el plan del Gobierno de La Rioja vuelve a dejar esperando a nuestros pueblos

El Gobierno de La Rioja presentó su Plan de Inclusión Financiera +CAR como uno de sus grandes proyectos para combatir la despoblación y garantizar servicios básicos en nuestros pueblos. Meses y meses después, los cajeros siguen sin llegar y la adjudicación de los once dispositivos fijos se encuentra suspendida por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

Una situación que, como mínimo, obliga al Gobierno regional a dar muchas explicaciones. El Gobierno de La Rioja anunció en marzo una inversión de 2,535 millones de euros hasta 2030 para implantar once cajeros fijos y un servicio de cajeros móviles en el medio rural. En abril sacó a licitación el contrato y en julio anunció su adjudicación presentándola nada menos que como un «hito pionero en la lucha contra la despoblación». 

Pero la realidad, a finales de septiembre, es bastante menos triunfal. 

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales suspendió el pasado 28 de agosto la adjudicación del lote correspondiente a los once cajeros fijos tras el recurso interpuesto por Euro Automatic Cash Entidad de Pago S.L., una de las empresas participantes en el concurso. Y aquí aparece la cuestión que el Gobierno de La Rioja debería aclarar. 

Cuando presentó públicamente la licitación, el propio Ejecutivo aseguró expresamente que las empresas que prestasen el servicio estarían autorizadas por el Banco de España como «Entidades de pago». 

Sin embargo, el recurso presentado sostiene precisamente que Cardtronics Spain S.L.U., la empresa a la que el Gobierno adjudicó los once cajeros fijos, no cumpliría ese requisito. Es una alegación de la empresa recurrente y será el Tribunal quien determine si tiene fundamento, pero plantea una pregunta bastante sencilla: ¿qué comprobaciones realizó el Gobierno de La Rioja antes de adjudicar el contrato? 

Porque no estamos hablando de una condición secundaria escondida entre decenas de páginas. Estamos hablando de un requisito que el propio Gobierno destacó públicamente cuando anunció el proyecto. 

Primero los titulares, después los problemas 

El Gobierno regional adjudicó el lote de los cajeros fijos a Cardtronics por 781.082,98 euros, según la información oficial publicada por el propio Gobierno de Gonzalo Capellán, con un plazo de 60 días para ponerlos en funcionamiento. 

Los dispositivos deben instalarse en Viniegra de Abajo, Villavelayo, Anguiano, Villanueva de Cameros, El Rasillo, Soto en Cameros, Jalón de Cameros, Santa Engracia del Jubera, Los Molinos de Ocón, Aguilar del Río Alhama y San Millán de la Cogolla. 

Once municipios cuyos vecinos y vecinas tendrán que continuar esperando. El problema es que esta forma de actuar empieza a resultar demasiado conocida: grandes anuncios, fotografías, declaraciones sobre la lucha contra la despoblación y titulares asegurando que se garantizan servicios en el medio rural; pero cuando llega el momento de que esos servicios sean una realidad aparecen retrasos, problemas administrativos o proyectos que no terminan de arrancar. Y mientras tanto son los pueblos quienes pagan las consecuencias. 

La exclusión financiera no es una cuestión menor. Para muchas personas mayores o sin facilidad para utilizar la banca electrónica, disponer de un cajero cerca de casa significa poder acceder con autonomía a algo tan básico como su propio dinero. 

En Izquierda Unida somos más ambiciosos, defendemos la creación de una banca pública que de servicios a pequeños municipios como el Camero Viejo, pero esta iniciativa la veíamos una medida correcta que podía paliar la exclusión financiera de muchos vecinos y vecinas. 

El Gobierno no puede limitarse a quitar importancia al problema 

Según las informaciones publicadas, el Gobierno de La Rioja ha restado importancia a la suspensión alegando que se trata de una medida provisional habitual en los procedimientos administrativos recurridos. Es cierto que la suspensión no implica que el Tribunal haya dado la razón a la empresa recurrente y que, por tanto, todavía no puede hablarse de una adjudicación irregular. Pero eso no elimina las preguntas. 

El Gobierno debe explicar públicamente cómo verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos en los pliegos, qué documentación presentó la empresa adjudicataria, qué informes técnicos respaldaron la adjudicación y qué consecuencias tendrá ahora la suspensión sobre los plazos previstos. 

También debería aclarar cuándo espera que esos once cajeros estén finalmente en funcionamiento y qué alternativas se van a ofrecer mientras tanto a los municipios afectados. 

Porque luchar contra la despoblación no consiste en llenar notas de prensa con palabras como «pionero», «histórico» o «compromiso con el medio rural». 

Consiste en conseguir que una persona que vive en Soto, Jalón, Viniegra o Villavelayo pueda acceder a los mismos servicios básicos que quien vive en una ciudad. Y hoy, pese a todos los anuncios realizados durante los últimos meses, esos once cajeros siguen sin estar funcionando. 

El Gobierno de La Rioja tendrá que explicar por qué.

Soto en Cameros pierde una subvención para la reforma de El Caisno

El Ayuntamiento de Soto en Cameros se ha quedado fuera de las ayudas del Gobierno de La Rioja destinadas a reformar centros de ocio, convivencia y sociabilidad de los pequeños municipios. En el caso de Soto, la subvención se había solicitado para reformas en El Casino. 

La resolución definitiva, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja el 7 de septiembre, no deja demasiadas dudas sobre el motivo general de la exclusión. El expediente de Soto en Cameros, OCS-26-003, es denegado por dos causas: no cumplir los requisitos para ser beneficiario establecidos en el artículo 3.1 de las bases y no cumplir la documentación prevista en el artículo 14. 

Es decir, Soto no pierde la subvención porque su proyecto obtuviera menos puntos que el de otros municipios ni porque se hubiera agotado el dinero. La pierde porque el Ayuntamiento no cumplió correctamente los requisitos de la convocatoria. 

 

¿Qué incumplió el Ayuntamiento?

El primer motivo de denegación es especialmente importante. 

El artículo 3.1 de la Orden PID/83/2025 establece que, para poder ser beneficiario, el Ayuntamiento tiene que tener presentada ante la Dirección General competente en materia de régimen local determinada documentación básica. 

En concreto: el presupuesto general correspondiente, la liquidación del presupuesto del ejercicio correspondiente y las actas de los plenos celebrados durante los doce meses anteriores, cumpliendo además la periodicidad mínima legalmente exigida. 

La resolución definitiva afirma expresamente que Soto en Cameros no cumple este artículo. Por tanto, existía al menos un problema con estas obligaciones administrativas. 

El segundo motivo es el incumplimiento del artículo 14, que regula la documentación que tenía que acompañar a la propia solicitud: certificados municipales, memoria o proyecto de la obra, presupuesto, declaración del técnico competente, aprobación municipal del proyecto y autorización del gasto, entre otros documentos. 

El BOR no concreta cuál de todos estos documentos faltaba o era incorrecto. Para saberlo con absoluta precisión será necesario conocer el expediente administrativo completo. 

Pero mientras investigábamos esta subvención hemos encontrado otro dato que agrava las dudas sobre la gestión administrativa del Ayuntamiento de Soto en Cameros. 

 Hacienda sitúa a Soto entre los ayuntamientos incumplidores 

El Ministerio de Hacienda publica periódicamente la relación de corporaciones locales que han incumplido sus obligaciones de suministro de información presupuestaria. 

Y Soto en Cameros aparece en la relación correspondiente a 2025 con seis incumplimientos: el máximo de los seis apartados analizados en ese documento. 

Según la documentación oficial del Ministerio, Soto figura como incumplidor en: 

• la información sobre la ejecución del cuarto trimestre del presupuesto de 2024; 
• el Presupuesto de 2025; 
• la ejecución del cuarto trimestre del presupuesto de 2025; 
• la información sobre el coste efectivo de los servicios locales de 2024; 
• las líneas fundamentales del Presupuesto de 2026; 
• y los planes presupuestarios a medio plazo 2026-2028. 

El propio Ministerio explica que esta relación identifica a las corporaciones locales que han incumplido las obligaciones de suministro de información presupuestaria contempladas en la Orden HAP/2105/2012 y que para elaborarla se tienen en cuenta, entre otros aspectos, presupuestos, ejecución presupuestaria, liquidaciones, costes de los servicios, líneas fundamentales y planes presupuestarios. 

Conviene ser rigurosos: esta lista del Ministerio no demuestra por sí misma que esos seis incumplimientos sean la causa directa de que el Gobierno de La Rioja haya denegado esta subvención. Son procedimientos y obligaciones diferentes. Pero resulta difícil ignorar la coincidencia. 

Por un lado, Hacienda señala oficialmente importantes incumplimientos del Ayuntamiento de Soto en materia de información presupuestaria, pero por otro lado, pocos meses después, el Gobierno de La Rioja le deniega una subvención precisamente porque no cumple el artículo 3.1, que exige tener correctamente presentada determinada documentación presupuestaria y administrativa. 

Como mínimo, la situación exige explicaciones. 

El Ayuntamiento tuvo oportunidad de subsanar y hay además otro aspecto que resulta difícil de entender. La resolución explica que, cuando durante la revisión de las solicitudes se detectaron defectos o documentación incompleta, se requirió a los ayuntamientos afectados para que subsanaran los problemas, concediéndoles diez días hábiles. 

Posteriormente, el 30 de junio se publicó una propuesta provisional que planteaba conceder 28 solicitudes y denegar otras 16. Entonces se abrió otro plazo de diez días para presentar alegaciones. 

Y todavía hubo una nueva oportunidad: tras una corrección publicada el 13 de julio, se volvió a conceder un plazo de diez días para alegar. Siete ayuntamientos presentaron alegaciones: San Millán de Yécora, Foncea, Villalobar de Rioja, Herramélluri, Sorzano, Fonzaleche y Nieva de Cameros. Soto en Cameros no figura entre ellos. 

Por tanto, hay preguntas que el Ayuntamiento debería responder: ¿qué requerimiento de subsanación recibió?, ¿qué documentación faltaba?, ¿intentó corregirla?, ¿por qué seguía incumpliendo los requisitos cuando se dictó la resolución definitiva? y, sobre todo, ¿por qué no presentó alegaciones cuando ya sabía que la subvención para el ascensor iba a ser denegada? 

Otros pueblos sí han conseguido las ayudas 

El resultado contrasta además con lo ocurrido en numerosos municipios de Cameros. La convocatoria ha terminado concediendo 1.337.540,95 euros a 33 entidades locales. 

Torre en Cameros recibe 31.205 euros; Gallinero de Cameros, 25.751; Terroba, 45.000; Brieva de Cameros, prácticamente 45.000; Muro en Cameros, 35.777; Ajamil de Cameros, 44.306; Nieva de Cameros, 27.578; San Román de Cameros, 45.000; y Ortigosa de Cameros, otros 45.000 euros. 

Soto, en cambio, se queda a cero. Y lo hace no porque el Gobierno haya considerado que mejorar la accesibilidad de El Casino sea menos importante, sino porque su solicitud no cumplía los requisitos necesarios para ser beneficiaria. 

Los pueblos pequeños necesitan ayuda, pero también una gestión responsable 

Somos conscientes de las enormes dificultades que tienen los pequeños ayuntamientos. Desde Izquierda Unida llevamos años pidiendo más personal, más medios técnicos y de recursos administrativos, y las administraciones como el Gobierno de La Rioja deberían reforzar la asistencia que prestan a estos municipios. 

Pero precisamente porque cada inversión cuenta, no podemos asumir como normal que Soto pierda una subvención por incumplimientos administrativos. Y no es la primera que pasa.

Y menos cuando conocemos que el Ministerio de Hacienda ya sitúa al Ayuntamiento entre las corporaciones que incumplieron obligaciones de suministro de información presupuestaria en 2025. 

Queremos saber qué documentación dejó de presentar, qué requerimientos recibió, cómo respondió a ellos y por qué no alegó frente a la propuesta de denegación. Porque detrás de cada trámite administrativo que no se realiza correctamente puede haber una oportunidad que pierde el municipio. Y en este caso la consecuencia es muy concreta: Soto en Cameros se ha quedado sin una ayuda pública para El Casino.

Siete noes y un sí: así entiende el PP el futuro del Camero Viejo

Estos días se ha celebrado el Debate sobre el Estado de la Región en el Parlamento de La Rioja. De las 375 propuestas, desde Izquierda Unida quisimos que el Camero Viejo también tuviera su espacio.

Entre muchas propuestas sobre la despoblación, reto demográfico, dinamización o cohesión territorial, educación y sanidad rural. Llevamos ocho propuestas muy concretas, sobre problemas que conocemos quienes vivimos, vamos o trabajamos habitualmente en nuestros pueblos. 

El resultado: el Partido Popular votó en contra de siete de las ocho. Una salió adelante. Y empiezo por ahí, porque también hay que contar las buenas noticias. Cuando se cae la cobertura, un pueblo no puede quedarse aislado el Parlamento aprobó nuestra propuesta para implantar un protocolo de contingencia ante las caídas prolongadas de las telecomunicaciones en el Camero Viejo. 

Lo que pedíamos es que ayuntamientos o puntos estratégicos dispongan de sistemas alternativos de comunicación para poder mantener el contacto con SOS Rioja y con los servicios esenciales cuando falla la red. Puede sonar muy técnico, pero quien conoce Cameros sabe perfectamente de qué estamos hablando. Cuando se cae la cobertura no significa simplemente que durante un rato no puedas mirar WhatsApp. Significa que pueblos enteros pueden quedarse incomunicados. Y cuando hablamos de localidades con población envejecida, puede significar que una persona no pueda llamar al médico, a una ambulancia o a sus familiares. Por tanto, bienvenido sea ese voto favorable. Ahora tocará vigilar para que la propuesta aprobada no se limite a una votación en el Parlamento y termine convirtiéndose en un protocolo real y efectivo. 

El problema viene con las otras siete. 

Pedíamos poner en funcionamiento de verdad la Oficina de Turismo de Soto en Cameros. No estamos hablando de construir un edificio nuevo. La oficina ya fue rehabilitada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Cameros “La Rioja también es montaña”. Lo que propusimos fue algo bastante elemental: que Gobierno de La Rioja, Mancomunidad y Ayuntamiento colaborasen para garantizar financiación, personal y apertura al público. El PP votó que no. 

Es difícil explicar que gastemos dinero público en acondicionar un espacio turístico para después mantenerlo cerrado por no poner los medios necesarios para abrirlo. 

También propusimos trabajar con el Ayuntamiento de Laguna de Cameros para la reapertura del Hotel Rural Camero Viejo mediante un modelo de gestión pública que garantizase su funcionamiento estable. Otra vez, el PP votó en contra. Y creo que aquí hay una contradicción bastante evidente. Nos pasamos el día hablando de atraer visitantes, generar empleo, fijar población y crear actividad económica en el medio rural, pero tenemos una infraestructura hotelera cerrada y rechazamos siquiera explorar una fórmula pública para ponerla en funcionamiento. No todo en el medio rural tiene por qué ser rentable desde el minuto uno para una empresa privada. También existe la rentabilidad social. 

Había dos propuestas más relacionadas con nuestro patrimonio. Una era completar la tercera fase de rehabilitación de la iglesia de la Asunción de Luezas, para terminar su acondicionamiento como espacio cultural y social para la localidad. La otra, colaborar con el Ayuntamiento de Soto para recuperar y restaurar el entorno de la Fuente de los Caños, incluyendo la recuperación de su caudal y la conservación de este elemento patrimonial. Las dos fueron rechazadas. A veces parece que cuando hablamos de patrimonio pensamos únicamente en grandes monumentos. Pero en los pueblos pequeños una iglesia, una fuente, un lavadero, un puente o una ermita forman parte de la memoria colectiva y también pueden convertirse en espacios culturales, sociales y turísticos. Dejar que se deterioren también es una forma de abandono. 

Otra más rechazada estaba también la de garantizar el mantenimiento de la farmacia de San Román de Cameros.  

Puede parecer increíble que tengamos que llevar una cuestión así al Parlamento, pero esa es precisamente la realidad del medio rural. Cuando hablamos de despoblación no hablamos solamente de estadísticas ni de cuánta gente aparece empadronada en un municipio. Hablamos de si una persona mayor tiene una farmacia cerca, de si puede desplazarse para recoger su medicación o de si puede seguir viviendo en su pueblo con unos servicios mínimos.

Otra de las propuestas era continuar el acondicionamiento integral de la LR-250 desde Laguna de Cameros hasta su conexión con la N-111. Y conviene explicar exactamente qué pedíamos, porque ni siquiera planteábamos que toda la obra estuviera terminada de inmediato. Pedíamos incorporar en los Presupuestos de 2027 una partida específica para poder seguir avanzando en su ejecución. No parecía una petición descabellada. Pues tampoco. Y algo parecido ocurre con los accesos a Hornillos de Cameros. En este caso propusimos mejorar el itinerario desde la LR-250 a través de las LR-466, LR-464 y LR-465, comenzando durante 2027 por la redacción o actualización del proyecto y estableciendo una programación plurianual para ejecutar posteriormente la mejora dentro del Plan Regional de Carreteras 2024-2032. Es decir: planificar para poder actuar. También fue rechazado. 

Y probablemente una de las negativas que mejor resume el problema sea la del transporte público. Durante este verano el Gobierno puso en marcha servicios los fines de semana en la línea VLR-101 Logroño-Laguna de Cameros. Nosotros propusimos aprovechar esa experiencia y mantener servicios los fines de semana y festivos durante todo el año. El PP votó que no. 

Y aquí cuesta no hacerse una pregunta bastante sencilla: ¿Por qué alguien necesita transporte público para ir o volver de Laguna en agosto, pero deja de necesitarlo en octubre, enero o marzo? 

Las propuestas rechazadas volverán a aparecer cuando llegue la negociación de los Presupuestos de La Rioja para 2027, y seguiremos llevando al Parlamento los problemas concretos de nuestros pueblos. Porque el Camero Viejo no necesita que nos expliquen una vez más lo importante que es luchar contra la despoblación. Necesita que, cuando llega el momento de votar medidas para hacerlo, se vote que sí y se ponga en marcha.

Cajeros rurales: promesas, retrasos y una pregunta sencilla

En La Rioja rural, sacar dinero, hacer una gestión bancaria básica o consultar una cuenta no siempre es algo sencillo. Para muchas personas, especialmente para las mayores, estas operaciones cotidianas implican depender de familiares, pedir ayuda a vecinos o desplazarse a otro municipio. Lo que en una ciudad puede resolverse en cinco minutos, en muchos pueblos se convierte en una carrera de obstáculos. 

Por eso, cuando el Gobierno de La Rioja anunció la instalación de 11 cajeros automáticos fijos y un servicio de cajero móvil para el medio rural, muchas personas entendieron que, por fin, se iba a dar respuesta a una necesidad real, demanda desde Izquierda Unida desde hace años. El anuncio llegó el 2 de julio de 2025, durante el Debate sobre el Estado de la Región. Pero casi un año después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde están esos cajeros? 

Porque no hablamos de un capricho. Hablamos de derechos básicos, de igualdad territorial y de dignidad para quienes viven en nuestros pueblos. El acceso al dinero en efectivo y a servicios bancarios mínimos no puede depender del código postal. Tampoco puede quedar condicionado a tener coche, familia cerca o conocimientos digitales suficientes. 

La exclusión financiera es otra forma de abandono rural. Durante años hemos visto cómo cerraban oficinas bancarias, cómo se reducían servicios públicos y cómo muchos municipios quedaban cada vez más lejos de las prestaciones más elementales. Frente a eso, las administraciones tienen la obligación de actuar con seriedad, planificación y transparencia. 

Y ahí está precisamente el problema. El Gobierno riojano ha hecho anuncios públicos sobre los cajeros rurales, pero no ha explicado con claridad cuándo estarán disponibles, en qué condiciones funcionarán ni si realmente responderán a las necesidades de la población mayor. 

Tampoco sabemos si esos 11 cajeros fijos del Plan +CAR permitirán que las personas mayores realicen sus gestiones de manera autónoma. No basta con instalar máquinas. Hay que garantizar que sean accesibles, comprensibles y útiles para quienes más las necesitan. Un cajero que no puede usar una persona mayor sin ayuda no resuelve el problema de fondo. 

Además, el Gobierno debe aclarar otra cuestión importante: el coste del proyecto. El Plan +CAR fue anunciado inicialmente con un presupuesto de más de 2,028 millones de euros y posteriormente se autorizó una inversión de 2,535 millones. La diferencia merece una explicación pública. Cuando hablamos de dinero público, la transparencia no es opcional. 

El medio rural riojano no necesita más titulares vacíos. Necesita servicios reales, fechas concretas y compromisos cumplidos. Los pueblos no pueden seguir esperando indefinidamente a que las promesas se conviertan en hechos. Por eso desde IU preguntamos al Gobierno de La Rioja algo muy sencillo: ¿cuándo van a estar operativos los cajeros rurales prometidos? 

La respuesta no puede ser otra rueda de prensa, otro anuncio o una nueva foto. La respuesta tiene que ser un calendario, garantías de funcionamiento y respeto a quienes llevan demasiado tiempo esperando. 

De todas formas, la instalación de estos cajeros es un parche, sí, pero un parche bienvenido si sirve para aliviar de forma inmediata una necesidad real en nuestros pueblos. Ahora bien, no podemos confundir una solución provisional con una política estructural. Lo que necesita el medio rural riojano es garantizar por derecho el acceso a servicios financieros básicos, no depender de anuncios, convenios puntuales o de la rentabilidad que calculen los bancos privados. Por eso defendemos la creación de una banca pública y la habilitación de Correos como una verdadera Caja Postal, aprovechando su capilaridad territorial y su presencia en el mundo rural, para asegurar que cualquier vecino o vecina pueda retirar dinero, ingresar efectivo, pagar recibos o realizar gestiones básicas sin tener que desplazarse, depender de familiares o quedar excluido por la brecha digital.

Apoyo a las movilizaciones del campo: compromiso con agricultores y ganaderos

Hoy, 29 de enero de 2026, miles de agricultores y ganaderos han dejados sus campos y sus explotaciones ganaderas y han tomado las calles y carreteras de nuestra región con sus tractores para defender el futuro del campo. Nuestro sector primario ha expresado con rotundidad su malestar ante unas políticas que colocan en riesgo la supervivencia de pequeñas y medianas explotaciones agrarias y ganaderas. 

Las movilizaciones de hoy son la expresión de un sector que denuncia recortes en la Política Agraria Común (PAC), la amenaza de acuerdos comerciales como el de UE-Mercosur que abren puertas a productos importados con normas menos exigentes, y la incapacidad estructural para garantizar rentas dignas, relevo generacional y sostenibilidad ambiental.

Son necesarias verdaderas políticas públicas que protejan a quienes trabajan la tierra, precios justos que cubran costes de producción, políticas agrarias coherentes con la justicia social y ecológica, y mecanismos reales para que la juventud pueda vivir y trabajar en el medio rural.

Desde Izquierda Unida hemos querido estar donde siempre debemos estar: junto a la gente trabajadora del campo. Hemos asistido hoy a las movilizaciones de agricultores y ganaderos, acompañando sus reivindicaciones y mostrando un apoyo firme y visible a un sector imprescindible para la vida de nuestros pueblos. No entendemos la política sin estar en la calle y en las movilizaciones, escuchando y defendiendo a quienes sostienen con su trabajo la soberanía alimentaria y el medio rural.

Cuando el “libre comercio” entra por la puerta, el campo sale por la ventana

Para algunos, el mundo rural es una cifra en una hoja de Excel. 

Ayer el Parlamento Europeo ha frenado el acuerdo UE–Mercosur. Una buena noticia para el sector primario riojano. 

Y conviene decirlo sin rodeos: esto no se ha parado solo. La iniciativa de llevar el acuerdo al Tribunal de Justicia y suspender el procedimiento la impulsó el grupo “The Left” (La Izquierda) en el Parlamento Europeo, donde se integra Izquierda Unida. Presentaron la resolución y, con apoyos de otros grupos, lograron que saliera adelante por un margen ajustado. 

Se piden normas cada vez más exigentes a nuestros agricultores y ganaderos: sanidad, bienestar animal, trazabilidad, medio ambiente, pero luego pretenden abrir de par en par el mercado a productos que pueden venir de sistemas donde no se juega con las mismas reglas, con controles más flojos o costes más bajos porque la presión cae sobre el eslabón más débil. ¿Resultado? precios por los suelos aquí, beneficios arriba y en medio la ruina del que madruga. 

Y duele especialmente porque la ganadería extensiva no es una fábrica. Es nuestro Camero Viejo. Es estar encima del ganado con nieve, frío, calor y noches sin dormir. Es cuidar el territorio: prevenir incendios, mantener los prados y montes, sostener biodiversidad, fijar población. 

Esto no va de estar contra nadie. Va de no permitir que nos enfrenten entre trabajadores: ganaderos de aquí contra ganaderos de allí, pequeños contra pequeños, mientras las grandes corporaciones hacen caja. Y va de algo aún más simple: si Europa quiere campo, tiene que defenderlo. No puede usarlo como moneda de cambio para vender coches, servicios o lo que toque en cada negociación. 

Desde Izquierda Unida lo decimos claro: no necesitamos más “libre comercio” que nos quite libertad para vivir. Necesitamos que se apoyen a los pequeños municipios, necesitamos precios justos y contratos que cubran costes, necesitamos relevo generacional real, necesitamos más apoyo a la extensiva, y una regla básica: lo que se exige aquí, se exige a lo que entra. Sin trampas. Sin atajos. 

Porque cuando cierra una explotación no solo se pierde un negocio. Se apaga un pueblo, se rompe una familia, se vacía un paisaje. Y eso no lo arregla ningún tratado. 

Que este freno en Bruselas sea un aviso: el campo no es sacrificable. Y si quieren acuerdos, que sean con justicia: para el que produce, para el que trabaja y para el que vive de la tierra.

Izquierda Unida exige ampliar el horario del botiquín del Camero Viejo o que el SERIS asuma el servicio farmacéutico

Izquierda Unida denuncia que la atención farmacéutica en el Camero Viejo sigue siendo “claramente insuficiente” como ya denunciaron hace más de un año. El botiquín situado en San Román de Cameros solo atiende en la actualidad dos días a la semana durante una hora y media cada día (3 horas semanales), un horario que definen como “raquítico” e “insuficiente”, dejando a una comarca con una cobertura de farmacia mínima y precaria. 

Desde IU recuerdan que, durante la tramitación de la nueva Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica aprobada el pasado mes de septiembre, ya advirtieron que, sin garantías mínimas, el medio rural quedaría desatendido y propusieron una enmienda para exigir a los botiquines rurales la apertura de un mínimo de 5 horas semanales, enmienda que no fue apoyada por la mayoría absoluta del Partido Popular. 

Izquierda Unida exige, la ampliación urgente del horario del botiquín del Camero Viejo hasta, como mínimo, 5 horas semanales garantizadas y con horarios accesibles para la ciudadanía; y en caso de que esa ampliación no fuese viable, la gestión pública directa por la Consejería de Salud del servicio farmacéutico en la zona, mediante un modelo de gestión pública para asegurar continuidad y accesibilidad. 

La propia Ley de Farmacia en vigor mandata al Gobierno de La Rioja a garantizar la atención farmacéutica a la ciudadanía, por lo que desde Izquierda Unida entienden que “el Gobierno de La Rioja no puede mirar para otro lado y dejar desatendidos de un servicio básico de interés público a toda la comarca del Camero Viejo”.

Soto pierde subvenciones del Gobierno de La Rioja

La falta de gestión, previsión y responsabilidad del Ayuntamiento de Soto en Cameros deja al municipio sin las ayudas económicas que tanto necesita. 

El Gobierno de La Rioja ha denegado una nueva subvención a Soto en Cameros por un motivo que resulta ya sonrojante: el Ayuntamiento no fue capaz de ejecutar una subvención anterior concedida en 2023. 

 Sí, como lo oyen. Mientras otros pueblos de La Rioja avanzan, mejoran sus infraestructuras y aprovechan hasta el último céntimo en ayudas públicas, Soto en Cameros pierde el tren, penalizado por la incompetencia de sus responsables municipales, que ni ejecutan ni justifican las obras subvencionadas. 

La resolución publicada en el Boletín Oficial de La Rioja del 16 de julio de 2025 (Expediente CAM-25-0005) es clara y demoledora: “penalización por no ejecución en convocatoria 2023”. Una frase que, por sí sola, resume el nivel de gestión que sufren los vecinos de este municipio. 

Mientras fondos europeos y autonómicos llegan a decenas de municipios para modernizar caminos rurales y mejorar servicios, Soto en Cameros queda fuera por no haber sido capaz, en su día, ni de empezar las obras. ¿Cómo es posible que un Ayuntamiento no ejecute una inversión ya concedida? ¿A qué se dedica el equipo de gobierno municipal? ¿Cuántas oportunidades más vamos a perder por la desidia de unos pocos? 

La subvención que Soto en Cameros ha dejado escapar en esta ocasión formaba parte de un paquete de 1,5 millones de euros destinado a mejorar infraestructuras rurales. Mientras otros pueblos recibieron hasta 60.000 euros, Soto se queda sin nada. Un perjuicio directo para los vecinos, ganaderos y todos aquellos que dependen de unos caminos rurales dignos. 

El lobo no es el culpable

Hace apenas unos días, el Congreso de los Diputados votó a favor de excluir al lobo ibérico del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Esta decisión, defendida por PP, Vox, PNV y Junts, permitirá de nuevo su caza al norte del Duero. Aunque el debate se ha disfrazado de defensa del mundo rural y de apoyo al ganadero, lo cierto es que se trata de una decisión impulsada por intereses a corto plazo y cargada de una simbología profundamente regresiva.

Quitar al lobo del LESPRE no es una corrección técnica ni una solución real a las problemáticas que sufren los pequeños ganaderos de los Cameros. Es una claudicación ante un relato que lleva años construyéndose: el del lobo como enemigo público número uno del campo. Un relato que ha calado no porque sea cierto, sino porque ha servido para desviar la atención del verdadero problema que afecta al medio rural: la falta de rentabilidad, incumplimiento de normas como la Ley de la Cadena Alimentaria, el abandono institucional, la falta de relevo generacional, y la falta de políticas públicas que de verdad apoyen a quienes todavía hoy intentan vivir del territorio.

Resulta fácil cargar todas las culpas contra el lobo. Es un animal salvaje, potente, con una carga simbólica que arrastramos desde los cuentos infantiles y los miedos ancestrales. Frente a él, la imagen del ganadero como víctima indefensa es potente y efectiva. Y, sin embargo, la realidad rara vez es tan simple.

Sí, existen ataques al ganado. Negarlo sería injusto. Pero también es cierto que esos ataques no son la causa estructural de la crisis del sector ganadero. Los datos están ahí: los precios que se pagan por la carne o la leche, los recortes en servicios públicos, la despoblación, la presión de los intermediarios y las grandes superficies... Todo eso tiene mucho más peso en la asfixia del mundo rural que la presencia del lobo.

Y hay un dato clave que suele quedar fuera del debate: el incumplimiento sistemático de la Ley de la Cadena Alimentaria. Una ley que, sobre el papel, protege a los productores primarios exigiendo que nunca cobren por debajo de sus costes de producción. Sin embargo, esa ley se viola cada día, con contratos abusivos, precios irrisorios y un sistema de distribución que exprime al ganadero mientras engorda los márgenes de supermercados y grandes marcas. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde las sanciones?

Pero claro, el lobo —a diferencia de los lobbies agroalimentarios— no tiene voz, ni abogados, ni campañas de imagen. Se le puede culpar de todo, incluso de lo que no tiene nada que ver con él. Y así se construye un enemigo artificial que distrae de los fallos reales del sistema.

Los defensores de la medida con nuestra Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos insisten en que esto no significa una “barra libre” para cazar, sino que permitirá una gestión “racional” del lobo. La pregunta es: ¿qué entendemos por racional?

La experiencia, tanto en España como en otros países, ha demostrado que la caza no reduce de forma eficaz los conflictos con la ganadería. Al contrario: al eliminar ejemplares sin una estrategia precisa, se desestructura el comportamiento de las manadas, se incrementan los ataques erráticos y, en muchos casos, el problema se agrava. Un lobo joven sin referentes adultos, sin territorio claro, sin jerarquía social, es mucho más propenso a atacar ganado. Paradójicamente, la persecución descontrolada puede generar más daño que el que pretende evitar.

Frente a eso, existen alternativas. Hay ganaderos que han aprendido a convivir con el lobo usando medidas de prevención: perros mastines, vallados eléctricos, pastores eléctricos nocturnos, y sobre todo, una vigilancia activa del rebaño. Son métodos que requieren esfuerzo y acompañamiento, pero que funcionan. La clave está en el apoyo de las diferentes administraciones públicas, la formación, las compensaciones ágiles y justas, y una política rural que no sea cosmética, con mejores accesos a la sanidad, a la educación, transporte público...

Más allá del conflicto inmediato con la ganadería, la exclusión del lobo del LESPRE supone una ruptura con la visión ecosistémica que deberíamos estar defendiendo en plena crisis climática y de biodiversidad. El lobo no es solo un carnívoro más: es una especie clave en la cadena trófica, un regulador natural de herbívoros salvajes, un agente que mantiene el equilibrio en los ecosistemas. Donde hay lobo, hay menos sobrepastoreo, menos jabalíes descontrolados, más diversidad. Su papel es esencial, y eliminarlo o reducirlo a un problema de “orden público” es un error ecológico de gran calibre.

Además, esta medida lanza un mensaje peligroso: que la conservación es negociable, que las leyes pueden modificarse al antojo de intereses puntuales, que basta con hacer ruido para tumbar avances que han costado décadas. No se trata solo del lobo. Se trata de qué valores rigen nuestras decisiones colectivas, de qué tipo de relación queremos tener con la naturaleza, de si aspiramos a coexistir o a dominar a golpe de decreto y escopeta.

Y se trata, también, de una política agraria profundamente incoherente. ¿De qué sirve proteger la producción ganadera si no se garantiza que los productores cobren un precio justo por sus animales? ¿Por qué el Partido Popular no discute con la misma urgencia los abusos de la gran distribución o la falta de control sobre la Ley de la Cadena Alimentaria?

El problema no es el lobo. El problema es un modelo rural quese vacía sin alternativa. Un modelo donde el ganadero no puede dormir tranquilo al verse atrapado entre normativas ineficaces, competencia desleal, precariedad laboral y aislamientosocial. Pretender que el sacrificio de una especie emblemática resolverá esemalestar es, además de ingenuo, profundamente injusto.

Necesitamos otras políticas para el medio rural. Uno que no enfrente a las personas con la fauna, sino que promueva la convivencia. Que entienda el territorio como un espacio vivo, no como un campo de batalla. Que reconozca el papel del ganadero, pero también el del conservacionista, el científico, el voluntario ambiental, el joven que quiere volver al pueblo. Todos cabemos si se hace bien.

Y hacer las cosas bien no es abrir la veda al lobo. Es tener el coraje de repensar el modelo, de financiar medidas de prevención, de modernizar la gestión del territorio, de garantizar precios justos al productor, de cumplir de verdad la Ley de la Cadena Alimentaria, y de revalorizar la biodiversidad como una riqueza, no como un obstáculo.

El lobo no es el culpable. Es, en todo caso, una víctima más de un sistema que lleva tiempo dejando atrás a los suyos.

 

Soto en Cameros: "Administración Entorpecedora"

Hoy, El Día de La Rioja ha puesto el foco sobre una práctica inaceptable en algunas administraciones locales. Entre ellas, Soto en Cameros destaca como “administración entorpecedora”, suspendiendo en el cumplimiento de sus obligaciones legales. 

La inacción del Ayuntamiento de Soto en Cameros impidiendo la supervisión de “la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales”, por parte del Defensor del Pueblo, es un incumplimiento flagrante de nuestra Constitución y en concreto su artículo 5. 

La Defensoría del Pueblo, en virtud de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, tiene la potestad de iniciar investigaciones sobre los actos y resoluciones de la administración pública, actuando tanto de oficio como a petición de parte. Este mandato no es un mero formalismo; representa un pilar fundamental para garantizar que el poder público actúe con responsabilidad y en beneficio de los ciudadanos. En este contexto, la ausencia de respuesta a una institución como el Defensor del Pueblo, no solo vulnera la ley, sino que también debilita la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 

El Defensor del Pueblo, tiene como función la garantía no jurisdiccional de los derechos de todas las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Para ello recibe las quejas de cualquier persona física o jurídica e investiga tanto los hechos denunciados como la correspondiente actuación administrativa, con el fin de comprobar la adecuación de ésta a lo preceptuado en la Constitución y en la legislación vigente. 

El Defensor del Pueblo puede actuar por iniciativa propia, sin haber recibido queja alguna. Además, la Constitución le otorga legitimación para plantear los recursos de inconstitucionalidad y amparo constitucional, así como instar el procedimiento de habeas corpus. 

La inacción de Soto en Cameros no puede interpretarse como una simple omisión burocrática, sino como una actitud que pone en entredicho el compromiso ético y democrático de un gobierno local donde debe primar la transparencia. 

El impacto de esta conducta va más allá de una cuestión legal o administrativa. Cuando un ente público no se somete a la supervisión que la ley le exige, se crea un ambiente de desconfianza que afecta a toda la comunidad. Es fundamental que el control y la transparencia sean recíprocos para que la gestión pública se realice con verdadera eficacia y justicia. 

La democracia se fortalece cuando el poder público rinde cuentas, y es tarea de todas las administraciones, incluyendo la de Soto en Cameros, abrazar una cultura de apertura y responsabilidad. La ley está de parte de los ciudadanos, y es deber de cada gobierno local actuar en consonancia con los principios de transparencia. Solo así se podrá recuperar la confianza perdida y avanzar hacia una administración que realmente sirva al interés general.

 

IU pregunta en el Parlamento de La Rioja, sobre el impacto del PIER de Formatt Building, en la Reserva de la Biosfera

El pasado 10 de diciembre de 2024, el Gobierno de La Rioja aprobó, la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) a lapropuesta empresarial de Formatt Building Products Spain SAU consistente en la creación de una planta industrial de última generación para la producción de placas ecológicas de yeso laminado en el polígono industrial El Recuenco de Calahorra.

El yeso que se utilice para la fabricación de las placas será trasladado de la yesera que adquirió la compañía en el año 2022 enLeza de Río Leza, a través de la empresa Luis Pérez Ulecia S.L. y que comercializa bajo la marca 'La Fortaleza'.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, acudió al Parlamento de La Rioja para informar de este PIER. Nuestro diputado de Izquierda Unida, Carlos Ollero, pregunto y solicitó información sobre el impacto medioambiental y paisajístico para la Reserva de la Biosfera donde se extraerán parte de las materias primas para este Proyecto, así como la creación de empleo en la zona.