Cajeros rurales: promesas, retrasos y una pregunta sencilla

En La Rioja rural, sacar dinero, hacer una gestión bancaria básica o consultar una cuenta no siempre es algo sencillo. Para muchas personas, especialmente para las mayores, estas operaciones cotidianas implican depender de familiares, pedir ayuda a vecinos o desplazarse a otro municipio. Lo que en una ciudad puede resolverse en cinco minutos, en muchos pueblos se convierte en una carrera de obstáculos. 

Por eso, cuando el Gobierno de La Rioja anunció la instalación de 11 cajeros automáticos fijos y un servicio de cajero móvil para el medio rural, muchas personas entendieron que, por fin, se iba a dar respuesta a una necesidad real, demanda desde Izquierda Unida desde hace años. El anuncio llegó el 2 de julio de 2025, durante el Debate sobre el Estado de la Región. Pero casi un año después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde están esos cajeros? 

Porque no hablamos de un capricho. Hablamos de derechos básicos, de igualdad territorial y de dignidad para quienes viven en nuestros pueblos. El acceso al dinero en efectivo y a servicios bancarios mínimos no puede depender del código postal. Tampoco puede quedar condicionado a tener coche, familia cerca o conocimientos digitales suficientes. 

La exclusión financiera es otra forma de abandono rural. Durante años hemos visto cómo cerraban oficinas bancarias, cómo se reducían servicios públicos y cómo muchos municipios quedaban cada vez más lejos de las prestaciones más elementales. Frente a eso, las administraciones tienen la obligación de actuar con seriedad, planificación y transparencia. 

Y ahí está precisamente el problema. El Gobierno riojano ha hecho anuncios públicos sobre los cajeros rurales, pero no ha explicado con claridad cuándo estarán disponibles, en qué condiciones funcionarán ni si realmente responderán a las necesidades de la población mayor. 

Tampoco sabemos si esos 11 cajeros fijos del Plan +CAR permitirán que las personas mayores realicen sus gestiones de manera autónoma. No basta con instalar máquinas. Hay que garantizar que sean accesibles, comprensibles y útiles para quienes más las necesitan. Un cajero que no puede usar una persona mayor sin ayuda no resuelve el problema de fondo. 

Además, el Gobierno debe aclarar otra cuestión importante: el coste del proyecto. El Plan +CAR fue anunciado inicialmente con un presupuesto de más de 2,028 millones de euros y posteriormente se autorizó una inversión de 2,535 millones. La diferencia merece una explicación pública. Cuando hablamos de dinero público, la transparencia no es opcional. 

El medio rural riojano no necesita más titulares vacíos. Necesita servicios reales, fechas concretas y compromisos cumplidos. Los pueblos no pueden seguir esperando indefinidamente a que las promesas se conviertan en hechos. Por eso desde IU preguntamos al Gobierno de La Rioja algo muy sencillo: ¿cuándo van a estar operativos los cajeros rurales prometidos? 

La respuesta no puede ser otra rueda de prensa, otro anuncio o una nueva foto. La respuesta tiene que ser un calendario, garantías de funcionamiento y respeto a quienes llevan demasiado tiempo esperando. 

De todas formas, la instalación de estos cajeros es un parche, sí, pero un parche bienvenido si sirve para aliviar de forma inmediata una necesidad real en nuestros pueblos. Ahora bien, no podemos confundir una solución provisional con una política estructural. Lo que necesita el medio rural riojano es garantizar por derecho el acceso a servicios financieros básicos, no depender de anuncios, convenios puntuales o de la rentabilidad que calculen los bancos privados. Por eso defendemos la creación de una banca pública y la habilitación de Correos como una verdadera Caja Postal, aprovechando su capilaridad territorial y su presencia en el mundo rural, para asegurar que cualquier vecino o vecina pueda retirar dinero, ingresar efectivo, pagar recibos o realizar gestiones básicas sin tener que desplazarse, depender de familiares o quedar excluido por la brecha digital.

Apoyo a las movilizaciones del campo: compromiso con agricultores y ganaderos

Hoy, 29 de enero de 2026, miles de agricultores y ganaderos han dejados sus campos y sus explotaciones ganaderas y han tomado las calles y carreteras de nuestra región con sus tractores para defender el futuro del campo. Nuestro sector primario ha expresado con rotundidad su malestar ante unas políticas que colocan en riesgo la supervivencia de pequeñas y medianas explotaciones agrarias y ganaderas. 

Las movilizaciones de hoy son la expresión de un sector que denuncia recortes en la Política Agraria Común (PAC), la amenaza de acuerdos comerciales como el de UE-Mercosur que abren puertas a productos importados con normas menos exigentes, y la incapacidad estructural para garantizar rentas dignas, relevo generacional y sostenibilidad ambiental.

Son necesarias verdaderas políticas públicas que protejan a quienes trabajan la tierra, precios justos que cubran costes de producción, políticas agrarias coherentes con la justicia social y ecológica, y mecanismos reales para que la juventud pueda vivir y trabajar en el medio rural.

Desde Izquierda Unida hemos querido estar donde siempre debemos estar: junto a la gente trabajadora del campo. Hemos asistido hoy a las movilizaciones de agricultores y ganaderos, acompañando sus reivindicaciones y mostrando un apoyo firme y visible a un sector imprescindible para la vida de nuestros pueblos. No entendemos la política sin estar en la calle y en las movilizaciones, escuchando y defendiendo a quienes sostienen con su trabajo la soberanía alimentaria y el medio rural.

Cuando el “libre comercio” entra por la puerta, el campo sale por la ventana

Para algunos, el mundo rural es una cifra en una hoja de Excel. 

Ayer el Parlamento Europeo ha frenado el acuerdo UE–Mercosur. Una buena noticia para el sector primario riojano. 

Y conviene decirlo sin rodeos: esto no se ha parado solo. La iniciativa de llevar el acuerdo al Tribunal de Justicia y suspender el procedimiento la impulsó el grupo “The Left” (La Izquierda) en el Parlamento Europeo, donde se integra Izquierda Unida. Presentaron la resolución y, con apoyos de otros grupos, lograron que saliera adelante por un margen ajustado. 

Se piden normas cada vez más exigentes a nuestros agricultores y ganaderos: sanidad, bienestar animal, trazabilidad, medio ambiente, pero luego pretenden abrir de par en par el mercado a productos que pueden venir de sistemas donde no se juega con las mismas reglas, con controles más flojos o costes más bajos porque la presión cae sobre el eslabón más débil. ¿Resultado? precios por los suelos aquí, beneficios arriba y en medio la ruina del que madruga. 

Y duele especialmente porque la ganadería extensiva no es una fábrica. Es nuestro Camero Viejo. Es estar encima del ganado con nieve, frío, calor y noches sin dormir. Es cuidar el territorio: prevenir incendios, mantener los prados y montes, sostener biodiversidad, fijar población. 

Esto no va de estar contra nadie. Va de no permitir que nos enfrenten entre trabajadores: ganaderos de aquí contra ganaderos de allí, pequeños contra pequeños, mientras las grandes corporaciones hacen caja. Y va de algo aún más simple: si Europa quiere campo, tiene que defenderlo. No puede usarlo como moneda de cambio para vender coches, servicios o lo que toque en cada negociación. 

Desde Izquierda Unida lo decimos claro: no necesitamos más “libre comercio” que nos quite libertad para vivir. Necesitamos que se apoyen a los pequeños municipios, necesitamos precios justos y contratos que cubran costes, necesitamos relevo generacional real, necesitamos más apoyo a la extensiva, y una regla básica: lo que se exige aquí, se exige a lo que entra. Sin trampas. Sin atajos. 

Porque cuando cierra una explotación no solo se pierde un negocio. Se apaga un pueblo, se rompe una familia, se vacía un paisaje. Y eso no lo arregla ningún tratado. 

Que este freno en Bruselas sea un aviso: el campo no es sacrificable. Y si quieren acuerdos, que sean con justicia: para el que produce, para el que trabaja y para el que vive de la tierra.