Cuatro reformas legislativas contra derechos fundamentales de los ciudadanos

En estos momentos se encuentran tres proyectos de Ley en fase de tramitación parlamentaria: el  Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC),  el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Reforma del CP) y el Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito (Estatuto de la víctima). La redacción actual de estos proyectos, con incidencia directa en la esfera de los derechos fundamentales de todos ciudadanos, los restringen y eliminan en algunos aspectos de una forma muy preocupante:  

Ley Organica de Seguridad Ciudadana o popularmente conocida como “Ley Mordaza”:

Este Proyecto de Ley pretende sustituir a la todavía vigente Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como “Ley Corcuera”), y surge en un contexto de gran contestación ciudadana ante las medidas de austeridad del gobierno que han supuesto, en muchos casos, violaciones de derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional o Stop Represión, han elaborado informes poniendo en entre dicho este proyecto de ley:

¿Cuáles son las principales preocupaciones sobre la LOSC?

La LOSC contiene un abanico de sanciones que pueden poner en riesgo el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica, libertad de expresión y libertad de información. El Proyecto de Ley introduce limitaciones a los lugares en los que pueden celebrarse reuniones, tales como el Congreso, Senado y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. También es preocupante que la ley pueda sancionar manifestaciones pacíficas espontáneas, en las que no ha sido posible la notificación, y que se limiten las grabaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones.

La LOSC supone más infracciones y menos garantías. Varias de estas sanciones proceden del ámbito penal y otras tantas son de nueva creación en un intento por tipificar nuevas formas de protesta aun cuando éstas se desarrollen de manera pacífica. En consecuencia, la LOSC traslada la aplicación de estas sanciones a un procedimiento -el administrativo- que prevé un sistema de menores garantías para el ciudadano y que deja al arbitrio de la Administración -juez y parte- su imposición.

Por otra parte, la LOSC atribuye una serie de facultades a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de prevención, identificación, disolución de manifestaciones o identificación y sanción de infracciones que afectan al ejercicio de los derechos humanos y plantean problemas de proporcionalidad, necesidad y legalidad.

La LOSC no contempla el establecimiento de un mecanismo independiente de control y rendición de cuentas de la actuación policial, lo que puede conllevar que posibles abusos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad queden impunes.

Modificación de la Ley de Extranjería:

En el plazo de presentación de enmiendas al articulado del Proyecto de LOSC, el grupo parlamentario popular introdujo una enmienda para modificar la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España (“Ley de Extranjería”) con el objetivo de dotar de cobertura legal a las denominadas 'devoluciones en caliente'.

Dicha enmienda ha sido modificada en el Informe sobre el Proyecto de LOSC, de modo que, de aprobarse, se añadiría la siguiente disposición adicional a la Ley de Extranjería: “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España“.

Este precepto establecería un mecanismo de rechazo que no contempla las garantías ahora mismo previstas para los procedimientos de expulsión y devolución respecto de aquellas personas que hayan accedido al territorio español a través de las fronteras de Ceuta y Melilla. Al privar del acceso al procedimiento de asilo, de asistencia legal e intérprete, así como del derecho a un recurso efectivo, se vulneraría el marco jurídico español y comunitario así como numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados.

Reforma del Código Penal (CP):

En septiembre del año pasado, el gobierno remitió al Congreso un Proyecto de reforma del CP. En líneas generales, este Proyecto responde a una marcada tendencia hacia la expansión del poder punitivo del Estado mediante la incorporación de nuevas figuras delictivas y de un fuerte endurecimiento de las penas, sin un detenido examen sujeto a la legislación internacional en materia de derechos humanos. De entre los aspectos más comprometidos de la reforma del CP, cabría destacar  el establecimiento de la prisión permanente revisable; el endurecimiento y la ampliación de los delitos contra el Orden Público; y  la falta de adecuación del CP a la legislación internacional al no tipificar expresamente los crímenes de derecho internacional.

Estatuto de la víctima:

En agosto de este año, el gobierno trasladó al Congreso el proyecto de Ley del Estatuto de la víctima. Este proyecto tiene como principal finalidad transponer una directiva comunitaria (la Directiva 2012/29) que contempla un marco mínimo de protección y asistencia a las víctimas de un delito. No obstante, considero que este proyecto ha de ser una oportunidad para que España afronte todas las obligaciones derivadas de los estándares internacionales y europeos de derechos humanos en materia de asistencia, protección, justicia y reparación a las víctimas. En primer lugar, el proyecto de Estatuto no da cabida a dos categorías de víctimas de violaciones de derechos humanos con características específicas: las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo y las víctimas de tortura y malos tratos cometidas por agentes estatales; además, en segundo lugar, adolece de una referencia al derecho a la reparación como una esfera central de responsabilidad del Estado, no estableciendo suficientes garantías para asegurar la no repetición de la violencia, la indemnización y la rehabilitación; por último, no garantiza los derechos fundamentales de determinadas víctimas con necesidades específicas, como las víctimas de delitos de trata y de violencia sexual.

Ante este desafío de reformas legislativas que se nos vienen encima debemos ante todo organizarnos más y mejor, no solo en clave antirrepresiva (pero también) entendiendo la resistencia contra las leyes de excepción antidemocráticas como un ejercicio de nueva legalidad, de defensa de derechos fundamentales. Debemos estar más unidos y entre todos impulsar un proceso constituyente impulsado desde las bases que nos lleve a una verdadera democracia. 

El miedo ha cambiado de bando, pero el poder no. Y ahora tienen mucho miedo y mucho poder. El desafío es que el poder (entendido de forma amplia y complejisima) cambie también de bando.

Presupuestos Participativos

[...] La realidad de los presupuestos participativos se ha extendido, en diferentes formas, a algunas experiencias existentes en gobiernos locales del Estado español, caso de Albacete o Rubí; además de que ha contado con alguna referencia reciente en los discursos políticos y propuestas programáticas de partidos de izquierda y centro-izquierda. En nuestro caso, y siendo conscientes de los límites del trabajo, simplemente pretendemos constatar la virtualidad de instrumentos como los presupuestos participativos en los procesos de transformación y cambio social. De esta forma, por medio de regulaciones que introduzcan estrategias como ésta a la que nos referimos, por un lado, se están poniendo las herramientas necesarias para que los ciudadanos participen y decidan temas que les afectan directamente, haciendo, así, revertir una tendencia de las democracias actuales de primar la representación sobre la participación; pero, sobre todo, y a través de la confianza depositada en valores propios de la tradición republicana, tales como la deliberación, el diálogo, el reconocimiento mutuo, la participación, la virtud ciudadana, se está alentando un giro en nuestras sociedades hacia la construcción de una especie de “democracia de la cotidianeidad” (Alcober i Solanas 2000, 9).

Dicho de otra forma, y aunque todavía le queda un gran camino por recorrer a las regulaciones sobre presupuestos participativos, éstos no sólo han de ser leídos como una forma de ejercicio de la participación directa en la esfera política, por ejemplo, facilitando la recuperación política de colectivos poblaciones que, como los marginados sociales y los abstencionistas, y por diversas razones, quedaban al margen de los procesos de decisión política. Junto a esta función, de lo que ahora se trata es de resaltar que la lectura de las regulaciones sobre presupuestos participativos puede ser realizada en clave de recuperar la ciudad, el espacio de encuentro entre las personas, con todo el significado político que ello conlleva. O como dice Ubiratan de Souza, un economista muy implicado en el desarrollo de los presupuestos participativos en Porto Alegre: “Es preciso comprender que la experiencia del Presupuesto Participativo trasciende al proceso de gestión pública y de planificación democrática. Es también un elemento de toma de conciencia y de despertar de la ciudadanía” (de Souza 2000, 42). En definitiva, los presupuestos participativos y las normas que los desarrollan, con todas las limitaciones que puedan tener y en sus diversas formas, suponen y significan una impresionante liberación de energía democrática y de reactivación de la ciudadanía. Esto es, un ejemplo a tener en cuenta a la hora de hablar del Derecho y el cambio social.

(por Raúl Susín, Profesor de Teoría del Derecho en la Universidad de La Rioja)

“AHORA TODOS SOMOS PERROFLAUTAS”

Fue éste un lema más en una de las muchas pancartas caseras que brotaron en las masivas movilizaciones del pasado verano. Pero revela con lucidez el sentido de la actual fase de la protesta, una nueva realidad donde se desbordan y trascienden los cauces habituales, adoptando formas de desobediencia civil muy similares a las planteadas por el movimiento 15M.

Dos años después de su eclosión, si bien las asambleas en plazas y barrios perviven con una menor asistencia –pero con el mismo grado de compromiso-, a cambio su espíritu se ha extendido. Sirvan de ejemplo las diferentes ‘mareas’ en defensa de los servicios públicos, los cortes de calles de funcionarios por iniciativa propia coreando consignas surgidas en el 15M –“no nos representan” o “no es una crisis, es una estafa”- y la lucha de los interinos en la educación pública riojana. O, a escala general, con el carácter más social de la pasada huelga general, la sostenida batalla de la sanidad pública madrileña, la presencia constante de los afectados por las preferentes, las ocupaciones de viviendas sin uso, centros sanitarios y educativos o la gran movilización que supuso la Marea Ciudadana del pasado 23F.

Porque, más allá de clichés mediáticos, el 15M no es una marca, ni una organización al uso, sino una actitud colectiva frente a la situación presente de marasmo y colapso sistémico. Continua alertando del desastre en la gestión institucional de la “crisis”, denunciando las causas y concienciando de sus consecuencias, pero sólo es un paso más en el incremento cualitativo y cuantitativo de la masa crítica ciudadana. En todo caso, estamos hablando de una “enmienda a la totalidad” –en palabras del escritor Isaac Rosa- o de un “cambio de paradigma”, como fue descrito muy oportunamente en este mismo espacio por dos profesores de sociología de la UR.

Otros movimientos sociales llevan mucho más tiempo haciendo esa labor crítica y proponiendo alternativas. Uno de los mayores logros del 15M ha consistido precisamente en su visibilización, para actualizar, generalizar y hacer más comprensible el discurso disidente a la dictadura del pensamiento único oficial. Y como una lluvia fina, en definitiva, sigue calando en amplios sectores sociales, canalizando parte del malestar y proyectando la posibilidad real –y urgente- de un cambio profundo.

Desde mayo de 2011, Asamblea Logroño 15M ha consensuado propuestas por una democracia realmente participativa, como el referéndum vinculante, para validar o rechazar cualquier medida de ajuste. Ha apostado por conectar personas y colectivos, logrando unir a las diferentes ‘mareas’ en las convocatorias ‘Rodea el Parlamento’ y ‘Marea Ciudadana’. Ha mantenido una presencia continuada y vigilante en el pleno del Ayuntamiento de Logroño, para poner en evidencia la falta de transparencia. Y el Grupo de Economía ha trabajado muy duro para concienciar y difundir alternativas con los ciclos informativos “Cuentos del capitalismo” y “Do It Yourself”.

Tras la inicial efervescencia en la Plaza del Mercado, nacieron la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en La Rioja y proyectos comunitarios como la Cooperativa Integral Riojana, los Mercados de Trueque o la Tienda Gratis. Personas que no se rinden a la resignación y la pasividad los hacen posibles. Estas iniciativas se suman a muchas otras que han surgido al calor de otras plazas y grupos en la órbita del 15M, como la plataforma para la auditoría integral de la deuda (auditoriaciudadana.net) o 15MpaRato, que está tratando de encausar sin atajos a los verdaderos responsables de la estafa Bankia tras la escasa actuación de la Justicia.

El reciente cortocircuito de la economía capitalista desvela su insostenibilidad a medio plazo, si no antes, por la absoluta financiarización –una ficticia vía de escape, con las personas convertidas en última fuente de liquidez, y Chipre es la prueba. En nuestro país, la gangrena es mayor por el desvarío inmobiliario y la acelerada descomposición del régimen ejemplificada en los indultos generalizados a corruptos, en los sobres de Bárcenas, en el caso ERE, en Urdangarín. Un bipartidismo sumiso al expolio de los mercados rompió en 2011 el (incumplido) contrato social de 1978 con una reforma express de la Constitución. Sin dar opción alguna a una consulta popular, puso negro sobre blanco la prioridad absoluta en el pago de la deuda y sus intereses sobre la cobertura de necesidades básicas. Es decir, avalando el golpe de estado financiero por imperativo de la Troika.

Por eso, al criminalizarse cualquier tipo de movilización pacífica desde el pasado 25S, como los escraches de la PAH, resulta cuando menos cínico oír calificar a los manifestantes hasta el ridículo de ‘nazis’, ‘golpistas’, ‘etarras’, ‘antisistemas’ o ‘violentos’: recorte a recorte, se ejerce una violencia estructural hacia los estratos sociales más débiles y es de dominio público que los que están acabando con el sistema no se encuentran precisamente en las calles. Y resulta patético porque no deja de aumentar la represión con mentiras y montajes, detenciones ‘preventivas’ y arbitrarias, sanciones y procesos penales injustos o identificaciones ‘ideológicas’, como conocemos bien en Logroño tras el 14N y ha documentado Stop Represión La Rioja.

Hace dos años, a algún comentarista le desagradaba la imagen de “chabolismo” en las plazas. Sin embargo, ese es el horizonte hoy de muchas personas que rebuscan en la basura. Porque si la única salida que nos ofrecen desde arriba pasa por un país convertido en un vasto campo de concentración de mercancía, unacleptocracia sin derechos ni libertad, la desobediencia civil no es ya una opción sino una necesidad. Cada vez somos más las personas que, desde abajo, conscientes de nuestra responsabilidad individual y colectiva y superando el miedo con el que tratan de criminalizar la protesta, sabemos que es imposible regresar a la fábula de 2007, con las crisis ecológica y energética abiertas de par en par. Que legalidad no equivale a legitimidad. Y que no habrá democracia real sin una economía sometida al bien común. Por ello, esta revuelta global, por encima de todo tipo de fronteras, significa una oportunidad histórica para culminar –y no retroceder- el largo camino de la emancipación humana.

Este es el texto del la tr¡buna de los compañeros de la Comisión de Prensa de Asamblea Logroño 15M que se publica hoy en la prensa local aproposito de los 2 años de desarrollo del 15m en Logroño.

¿Son legales los "escrache"?

Los orígenes del escrache o funa se encuentran en Chile y Argentina. En el contexto de los familiares de las víctimas de los asesinatos masivos de los regímenes militares y dictatoriales de Pinochet y Videla. Surgió en 1995. Pequeñas manifestaciones de una veintena o treintena de personas acudían megáfono en mano a la casa o lugar de trabajo de los implicados en las desapariciones masivas perpetradas en la década de los 70 y 80.  Los activistas denunciaban la impunidad de los responsables de crímenes de guerra que seguían con su vida cotidiana sin rendir cuentas ante la Justicia.

Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Supremo (TS), tienen ya sólidamente asentada una reiterada y constante doctrina jurisprudencial, en el sentido de que ningún derecho constitucional debe de prevalecer, sin más, sobre los demás derechos fundamentales, sino que hay que analizar caso por caso y ponderar los intereses que con cada uno de dichos derechos en litigio están en juego. Y, en tal sentido, lo primero a tener en cuenta es que el artículo 47 de la Constitución Española (CE), dispone: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación…”. Se ve aquí, cómo la CE reconoce el derecho a tener una vivienda, y a que ésta sea digna y adecuada, vinculando dicho reconocimiento a la erradicación de la especulación, a la utilización del suelo de acuerdo al interés general, y también que es el Estado el que debe arbitrar las medidas que posibiliten tal derecho. Pero ello, en modo alguno autoriza a nadie que compre o alquile un piso y no pague, sin más. Sí obliga al Estado a velar por hacer realidad ese derecho en la medida de lo posible y, sobre todo, a evitar la especulación del suelo y en la venta y recalificación de terrenos que en numerosas ocasiones no han hecho sino fomentar la corrupción y la especulación. Es decir, corresponde al Estado arbitrar medidas de equilibrio en virtud de las cuales todos cumplan sus obligaciones y se erradiquen abusos e injusticias.

El derecho de manifestación o concentración en lugares públicos es un derecho fundamental reconocido en el artículo 21 de la Constitución Española (CE); desarrollado por la LO 9/83 de 15 de julio; regulado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950 (art.11); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 (art.21). El TC ha venido sosteniendo, respecto al derecho de manifestación en el que se pretenden refugiar los actos de escrache que el derecho de manifestación es una proyección colectiva de la libertad de expresión efectuada a través de una asociación transitoria de personas que opera de manera instrumental al servicio del intercambio o exposición de ideas, defensa de intereses, publicidad de problemas y reivindicaciones (STC 301/2006); siendo ello un cauce del participación democrática que se configura de tres elementos: una agrupación de personas de carácter transitorio (temporal), con finalidad lícita (licitud) y en un lugar de tránsito público (espacial). Es un derecho de especial importancia en un Estado Social y Democrático de Derecho, como expresión del principio de democracia participativa, pues para muchos grupos sociales es uno de los pocos medios de los que disponen para expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones (STC 301/06 y 236/07); es, así, una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas y reivindicaciones (STC 195/03, 66/95, 85/88, etc.). En ausencia de actos de violencia, es importante que los poderes públicos hagan gala de cierta tolerancia ante concentraciones pacíficas, con el fin de que la libertad de reunión no carezca de contenido, incluso en aquellos casos en que no ha sido comunicada previamente a la autoridad competente (STEDH 5 marzo 2009 Baraco contra Francia, STEDH de 17 de julio de 2008, Achouguian contra Armenia; STEDH 5 diciembre de 2006; Oya Ataman contra Turquía) Parece que no existe ninguna duda, en principio, sobre la legitimidad como tal derecho de expresión y manifestación. Y no habría tampoco ninguna duda, en principio, en cuanto a la legitimidad si se lleva a cabo de forma pacífica, o durante actividades públicas mientras los políticos están realizando su función.

A modo de conclusión, el escrache no es más que un modo de ejercitar un derecho fundamental, el de manifestación, y con él la libertad de expresión y asociación y que, por tanto, no puede criminalizarse, prohibirse o limitarse indiscriminadamente cuando su ejercicio se ajusta a los requisitos del art.21 CE, es decir, un ejercicio pacífico y sin armas, sin peligro para el orden público, las personas o los bienes; puesto que es un derecho fundamental de manifestación y reunión pacífica. 

Por un proceso constituyente

Os dejo la tribuna que me han publicado hoy en Diario La Rioja:

En estos días de convulsiones y de sonrojo social permanentes, muchos ciudadanos comienzan a darse cuenta de que la solución a los problemas del país no pasa por la sustitución de los gobernantes de un partido político del Régimen por los de otro partido político del Régimen. Necesariamente, la respuesta a la profunda crisis que vivimos pasa por la modificación de las reglas de juego y por la expulsión del poder público de los beneficiarios de este corrupto sistema político, económico y social. 

Está claro que el Régimen está nervioso, los ciudadanos poco a poco van tomando conciencia se están levantando del sofá y salen a la calle a protestar por tanta desigualdad y reclamar unos derechos propios de un Estado Democrático y Social de Derecho. Este miedo que el Régimen tiene, lo estamos viendo con, identificaciones arbitrarias por la policía, multas por participar en protestas, pelotas de goma en manifestaciones como las lanzadas a diestro y siniestro el pasado 14N. 

La Carta Magna fue elaborada en la transición bajo el predominio de los herederos de la dictadura y bajo la vigilancia y presión de unas fuerzas armadas, en aquel entonces, dominadas por sectores claramente antidemocráticos. Es obvio que, entonces, supuso la vía de salida de la dictadura y, por ello, fue ampliamente ratificada por la ciudadanía del momento. Pero realizó un diseño constitucional receloso de la posible participación democrática de los ciudadanos, que no establecía garantías efectivas de los derechos económicos y sociales, que creaba un indefinido Estado autonómico, que convalidaba una jefatura del Estado designada por el dictador y que entregaba todos los poderes del Estado en manos de un Régimen bipartidista instaurado por el PP y el PSOE gracias a una Ley Electoral injusta. El PP y el PSOE se han ido turnado el poder público y durante todos estos años han ido desmantelamiento el Estado social que los ciudadanos nos habíamos dado. 

Casi 35 años después de la aprobación de la Constitución de 1978, los actuales ciudadanos y ciudadanas españolas, la mayoría de los cuales no votamos el texto constitucional, no podemos seguir asumiendo unas reglas de juego que, además de ser realizadas en un clima de libertad tutelada, han sido aún más adulteradas por el desarrollo normativo y las prácticas de una política corrompida. 

En agosto de 2011 PP y PSOE se pusieron de acuerdo para incluir el techo de deficit y la prioridad en el pago a los acreedores como principio constitucional, la reforma se hizo por el procedimiento ordinario, que no requiere de un referéndum para su aprobación y necesita del acuerdo de tres quintas partes de las Cortes. El otro procedimiento, que necesita del apoyo de dos tercios de las cámaras y de un referendum que lo corrobore, es el que lleva a los constitucionalistas a definir la del ’78 como una Constitución “rígida”, difícilmente reformable, donde además toda iniciativa de cambio corresponde al sistema parlamentario. 

Este documento rígido se ha convertido, en un texto de “principios” que no puede asegurar algunos derechos como el acceso a la vivienda, la sanidad o la educación. 

Ante esta situación, se hace imprescindible sacar conclusiones de lo expuesto. Y la más importante de todas, en mi opinión, es que los ciudadanos no podemos esperar que quienes generaron este texto constitucional, lo han aplicado de manera tan equivocada y se han beneficiado del mismo, sean los que asuman la misión de transformarlo en un modelo democrático, garantista, en donde solo reine la igualdad, la libertad y la justicia y no persona alguna. 

Ante todos estos atropellos, los ciudadanos debemos impulsar un proceso constituyente con una democracia participativa donde las decisiones sean de la mayoría y para la mayoría. Tenemos que cambiar de rumbo, un rumbo marcado por los de abajo, y no los intereses de los grandes poderes financieros. 

Paul Auster, cuando fue preguntado en un café de Brooklyn sobre lo que inspiraba sus relatos, comentó que «para los que no tenemos creencias religiosas, la democracia es nuestra religión». De hecho, la democracia también es la religión de todos los que no soportan que se tergiverse la verdad para engañar a los necios, y piensan en cómo dejarles a las futuras generaciones un lugar decente donde vivir. Lo contrario es apostar por que todo siga igual de mal.

El 15M no puede ver las cuentas del PP, cuando este se comprometió a enseñárselas a cualquier ciudadano.

"El pueblo no debería temer a sus gobernantes, los gobernantes deberían temer al pueblo"

Política del miedo

Política del miedo es la que practica nuestro Delegado del Gobierno, Alberto Bretón. Politica de persecución a todos los que nos rebelamos y manifestamos contra esta crisis que nosotros no hemos creado. 

Política de persecución y miedo mediante multas, identificaciones, amenazas por parte de la policía. Están siendo un goteo incesante de multas a miembros del 15M, Asamblea de Estudiantes, Izquierda Unida y otra serie de colectivos sociales de Logroño. 

Nuestro Delegado del Gobierno no quiere ciudadanos protestando, busca con la amenaza y la represión ciudadanos sumisos a un sistema capitalista que nos lleva al paro, al desahucio, a la precariedad, a no tener sanidad o educación. 

Pero Alberto Bretón no sabe que cuanto más nos multen más ganas tendremos para seguir saliendo a la calle a protestar, a organizar manifestaciones y concentraciones. 

En fin a rebelarnos a su política del miedo. A pesar de los 450€ que me ha impuesto por según el infringir la “ley Corcurera” no me van a impedir a salir a protestar y participar en todas las movilizaciones contra esta crisis causada por los de arriba y que estamos pagando los de abajo.

"Quiero cerrar mi cuenta en Bankia"

Fotos de la mañana del #12M

Aqui podeis ver la galeria completa

Her Mariano no quiere aniversarios del #12M15M

#12M15M Logroño

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 11-15 de MAYO de 2012
Asamblea Logroño, Plaza del Mercado, Logroño    #12M15M
    
    Viernes 11
    17h Decoración de la plaza: montaje de paneles informativos y gráficos, pantalla…
    20h Lectura del sumario del tribunal popular.
    21h Cortometrajes relacionados con el sumario.
    22h Cena.
    
    Sábado 12
    11-14h Tribunal popular:
                11h 1) Democracia y derechos civiles.
                12:30h 2) Ecología y social.
    14h Comida popular
    17-20h Tribunal popular:
                17h 3) Recortes: reforma laboral, sanidad, educación...
                18:30h 4) Vivienda.

    20-22h Manifestación.

    22h Al final de la manifestación, veredicto popular.
    22h Concierto.
    Nota: A lo largo del día habrá un punto creativo en el que se podrán elaborar todo tipo de pancartas y materiales para llevar en a manifestación.
    
    Domingo 13
    11-14h Mercado del trueque.
    11h en adelante, Alternativas: mediante la convocatoria a diversos colectivos para que monten una carpa y difundan sus alternativas y proyectos al actual modelo político, económico y social.
    14h Comida.
    16h en adelante. Recoger la plaza.
    
    Martes 15
    20h Concentración y lectura de la Sentencia del Tribunal Popular. Asamblea general extraordinaria.

23F: Manifestación por el Golpe de Estado Financiero

El 23 de febrero de 1981 unos siniestros personajes opuestos al régimen constitucional democrático protagonizaron, pistola en mano, un ataque a la naciente democracia española asaltando el Congreso de los Diputados.

Treinta años más tarde, el pasado septiembre y en el mismo escenario, los “representantes” del pueblo que hace años se escondieron bajo los escaños ahora nos traicionaban aprobando una reforma de la Constitución española que nadie había solicitado, sin aceptar el más mínimo debate social y sin aprobación en referéndum. ¿El objetivo? Incluir en nuestra ley suprema el pago de la deuda y sus intereses como primer compromiso del estado por delante de cualquier necesidad social.

No es un símil forzado. Es el episodio que de manera más evidente escenifica el golpe de estado que estamos viviendo. Solo que esta vez, no lo protagonizan esperpénticos generales y guardias civiles, sino altos ejecutivos impolútamente trajeados y adulados por políticos. Estamos viviendo un golpe de estado financiero.

Vivimos un golpe de estado cuando nuestros representantes dirigen discursos a los supuestamente invisibles mercados solicitándoles compasión a cambio de degradar las condiciones de vida de la población a la que deberían servir. El “pueblo soberano” está siendo sacrificado en el altar del neoliberalismo. Asistimos a un golpe de estado cuando nuestros dirigentes acatan las directrices de instituciones no elegidas democráticamente, como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional, que atienden solo a los intereses de grandes fortunas y corporaciones, y fuerzan su implantación en el país sin debate previo ni consulta popular; cuando siguen los intereses de Merkel y Sarkozy, en defensa de la banca alemana y francesa, antes que los del propio país.

Podemos identificar a los autores del golpe cuando, en nombre de una falsa austeridad, suben los impuestos a los trabajadores mientras permiten el fraude fiscal y los mecanismos que lo amparan; cuando se bajan los salarios, se suprimen los convenios, se retrasa la edad de jubilación y se degradan las condiciones de trabajo; cuando se destruyen la educación y sanidad pública que hemos construido durante generaciones; cuando al fin todo el dinero obtenido se usa para avalar y rescatar a una banca que ha destruido la economía real subida a lomos de burbujas especulativas. ¿Quién es el único beneficiado con todas estas medidas?

No es un golpe a punta de pistola. Pero todas las personas hemos percibido el frío contacto de las primas de riesgo durante el reciente proceso electoral, bajo la amenaza de “es ésto o el caos”, con la inmolación ejemplarizante de Grecia como aviso a navegantes. Y cuando las amenazas no son suficientes, no dudan en actuar abiertamente: Si hay que hacer dimitir a un presidente de gobierno electo y sustituirlo por un “tecnócrata” al que nadie ha votado, pues se hace.

¡Basta de mentiras! Esto no es austeridad, no están trabajando para que salgamos todos de esta, no nos estamos sacrificando para estar mejor mañana, no son tecnócratas, son ejecutivos al servicio del mismo poder financiero que nos ha llevado a esta situación. Esto no es más que una despiadada transferencia de riqueza del 99% que estamos abajo al 1% que nos pisa, una renuncia a derechos adquiridos durante décadas, una destrucción de las más elementales formas democráticas.

¡Contra el golpe de estado de los mercados!

¡Señor, ¿por qué siempre gobiernan los peores?!

Hay razones para crear un mundo mejor

Deshaucio en Nochebuena

¡A la calle que ya es hora!

 

A defender en la calle nuestros derechos pase lo que pase.

Compromiso o Resignación. Tú Eliges #Rebelate

Democracia o Mercados, Tú eliges #Rebelate