25N:Día Internacional contra la Violencia de Género.

La ley integral contra la violencia de género ha sido un avance social importante, fruto de la lucha de los movimientos de mujeres y de la izquierda. No obstante, tanto su contenido como su puesta en práctica presenta numerosas aristas que hacen difícil su efectividad:

• El texto de la ley ha sido elaborado sin la participación de los movimientos de mujeres y organizaciones feministas.
• Las partidas presupuestarias destinadas a su puesta en marcha son irrisorias. El presupuesto destinado a los planes de igualdad se vio reducido en 2007 con respecto a 2006 en más de 1.000 millones de las antiguas pesetas. Numerosas comunidades autónomas han devuelto parte del dinero concedido por el gobierno central para la puesta en marcha de la ley, entre ellas destaca la Comunidad de Madrid, que ha devuelto en torno a un 25% de lo recibido. Poco presupuesto y gran desigualdad en la aplicación de la ley en las comunidades autónomas.
  
• El concepto de violencia de género queda limitado a la violencia doméstica o a aquella que se produce en el seno de las relaciones afectivas, por lo que numerosas mujeres que sufren violencia de género no pueden acogerse a los recursos y derechos que establece la ley.
• Las mujeres inmigrantes “sin papeles” tienen dificultades para acogerse a la ley, ya que según esta, a aquellas que no consigan orden de protección y sentencia condenatoria hacia el agresor, se les abrirá un expediente de expulsión. Igualmente, las ayudas económicas se contemplan solo para aquellas mujeres demandantes de empleo, con lo que la situación administrativa de las mujeres condiciona el acceso de estas a las ayudas. En numerosos casos las mujeres no denuncian por temor a que sus datos sean trasladados a las brigadas de extranjería.
• Se solicita como requisito imprescindible y excluyente para acogerse a los derechos que establece la ley una “orden de protección”, quedando excluidos como requisitos validos los certificados sanitarios, de otros servicios sociales o de entidades promotoras de igualdad.
• No hay centros de apoyo integral y de emergencia en todas las Comunidades Autónomas, por lo que muchas mujeres siguen siendo alojadas en pensiones que, ni que decir tiene, no tienen los servicios de atención a la mujer que se requiere en estos casos.
• La violencia de género no es contemplada como un problema sanitario prioritario. Solo un 10% de los profesionales de la salud obtienen formación específica.
• El número de juzgados especializados en violencia de género es muy reducido.