Para la PVD, la comparación de costes y precios demuestra que no tienen ninguna justificación. Los promotores ya obtenían importantísimos beneficios con los precios anteriores.
La Asociación Nacional “Plataforma por una Vivienda Digna” quiere hacer pública su más absoluta indignación por las recientes subidas de precio de la vivienda protegida en algunas comunidades autónomas, como Madrid, Castilla-León o la Comunidad Valenciana. Para la PVD, las subidas son una auténtica provocación a miles de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda y, además, un engaño a muchos votantes de esos gobiernos autonómicos.
La Plataforma exige a los representantes de estas comunidades que retiren inmediatamente dicha subidas y sigan el ejemplo de algunos alcaldes que, como el de Getafe (Madrid), ya han dicho que no las aplicarán.
Para la PVD, basta con comparar los precios con los costes de construcción para ver que estas subidas no tienen absolutamente ninguna justificación. Los precios finales que pagaría un adjudicatario de cumplirse las nuevas órdenes oscilan entre los 1.212 €/m2 de la tipología más barata en Castilla-León, a los 2.425 €/m2 para una vivienda “protegida” de tipo VPPL en Madrid.
Según datos de la Comunidad de Madrid (Dir. Gral. Arquitect. y Vivienda, 2006), el coste de edificación de una de estas viviendas ronda los 360 €/m2. En cuanto al coste del suelo, el presidente de Martinsa, una de las grandes promotoras, afirmó durante la feria inmobiliaria SIMA que la empresa contaba con gran cantidad de suelo adquirido a 60 €/m2. Si D. José Moreno pone viviendas en el mercado a 80.000 euros en Fuenlabrada, si en Extremadura se están levantando 11.500 viviendas por algo menos de ese precio es una aberración que se nos pretenda convencer día tras día de que “no es rentable hacer vivienda protegida”.
Con estas cifras es fácil constatar que promover vivienda protegida ya daba abultadísimos beneficios con los precios anteriores. Para la PVD, las últimas subidas son un ejercicio de caradura y de desprecio a los derechos básicos de los ciudadanos por parte de estos gobiernos autonómicos, los tres del Partido Popular.
La situación es tan disparatada que, según el propio presidente de Martinsa, los últimos incrementos del módulo permitirán a esta promotora ganar más dinero con la vivienda protegida que con la libre.
En porcentajes, la subida media en Madrid es del 24% (en algunas tipologías llega al 31%). En Castilla León es del 15%. En la Comunidad Valenciana, de confirmarse el incremento, se dará un caso absolutamente paradójico: en Onteniente (Valencia), una vivienda “protegida” será más cara que una en el mercado libre.
En cuanto a precios finales, un adjudicatario de un piso en San Sebastián de los Reyes (Madrid) podrá llegar a paga 249.000 euros por 80 m2 de vivienda “protegida”, mientras su coste de construcción puede rondar los 40.000 €. En este caso, una vivienda pública a 25 kms. de Madrid sería más cara que un piso de venta libre en el casco urbano de una ciudad como Berlín.
La Plataforma está en contra también de las subidas anunciadas para el País Vasco, aunque en este caso son más moderadas, entre un 3 y un 6%.
Según la PVD es probable que se produzcan movilizaciones en las zonas donde finalmente se apliquen estas subidas. La plataforma apoyará todas aquellas movilizaciones que se organicen en las zonas que finalmente se apliquen estas subidas. Además, podría llevarse ante el Tribunal Constitucional la gestión de la vivienda pública en dichas comunidades, ya que ahora es fácil demostrar que se producen importantes plusvalías sobre las que no se ofrece ningún tipo de información, lo que vulnera la segunda parte del artículo 47 de la Constitución Española.
Para la PVD, las subidas se convierten además en una burla a otros sectores productivos como automóvil, ocio, música, textil, mueble, etc., a los que se les resta “por decreto” ingresos futuros procedentes de los jóvenes para incrementar aún más el beneficio de promotores y propietarios de suelo. Todo ello, en época de crisis.
Solicitamos a las administraciones que busquen un modelo de financiación local más equilibrado, así como un nuevo modelo económico que no se base en esquilmar a los jóvenes y endeudar a las familias, que apoye a todos los sectores productivos y que piense en el largo plazo. Ya es hora de que los políticos dejen de aceptar el “juego” de los promotores, y piensen qué tipo de Administración y de país quieren para sus propios hijos.
En cualquier caso, con 3 millones de viviendas vacías deberían buscarse fórmulas que produjeran su salida al mercado, ya que construir miles de viviendas conlleva perjuicios medioambientales directos e indirectos, y el crecimiento de un modelo de ciudad poco sostenible.
La PVD ha consensuado 40 medidas para promover el acceso a una vivienda digna y asequible. Pueden encontrarse en la sección “documentos” en www.viviendadigna.org
La Asociación Nacional “Plataforma por una Vivienda Digna” quiere hacer pública su más absoluta indignación por las recientes subidas de precio de la vivienda protegida en algunas comunidades autónomas, como Madrid, Castilla-León o la Comunidad Valenciana. Para la PVD, las subidas son una auténtica provocación a miles de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda y, además, un engaño a muchos votantes de esos gobiernos autonómicos.
La Plataforma exige a los representantes de estas comunidades que retiren inmediatamente dicha subidas y sigan el ejemplo de algunos alcaldes que, como el de Getafe (Madrid), ya han dicho que no las aplicarán.
Para la PVD, basta con comparar los precios con los costes de construcción para ver que estas subidas no tienen absolutamente ninguna justificación. Los precios finales que pagaría un adjudicatario de cumplirse las nuevas órdenes oscilan entre los 1.212 €/m2 de la tipología más barata en Castilla-León, a los 2.425 €/m2 para una vivienda “protegida” de tipo VPPL en Madrid.
Según datos de la Comunidad de Madrid (Dir. Gral. Arquitect. y Vivienda, 2006), el coste de edificación de una de estas viviendas ronda los 360 €/m2. En cuanto al coste del suelo, el presidente de Martinsa, una de las grandes promotoras, afirmó durante la feria inmobiliaria SIMA que la empresa contaba con gran cantidad de suelo adquirido a 60 €/m2. Si D. José Moreno pone viviendas en el mercado a 80.000 euros en Fuenlabrada, si en Extremadura se están levantando 11.500 viviendas por algo menos de ese precio es una aberración que se nos pretenda convencer día tras día de que “no es rentable hacer vivienda protegida”.
Con estas cifras es fácil constatar que promover vivienda protegida ya daba abultadísimos beneficios con los precios anteriores. Para la PVD, las últimas subidas son un ejercicio de caradura y de desprecio a los derechos básicos de los ciudadanos por parte de estos gobiernos autonómicos, los tres del Partido Popular.
La situación es tan disparatada que, según el propio presidente de Martinsa, los últimos incrementos del módulo permitirán a esta promotora ganar más dinero con la vivienda protegida que con la libre.
En porcentajes, la subida media en Madrid es del 24% (en algunas tipologías llega al 31%). En Castilla León es del 15%. En la Comunidad Valenciana, de confirmarse el incremento, se dará un caso absolutamente paradójico: en Onteniente (Valencia), una vivienda “protegida” será más cara que una en el mercado libre.
En cuanto a precios finales, un adjudicatario de un piso en San Sebastián de los Reyes (Madrid) podrá llegar a paga 249.000 euros por 80 m2 de vivienda “protegida”, mientras su coste de construcción puede rondar los 40.000 €. En este caso, una vivienda pública a 25 kms. de Madrid sería más cara que un piso de venta libre en el casco urbano de una ciudad como Berlín.
La Plataforma está en contra también de las subidas anunciadas para el País Vasco, aunque en este caso son más moderadas, entre un 3 y un 6%.
Según la PVD es probable que se produzcan movilizaciones en las zonas donde finalmente se apliquen estas subidas. La plataforma apoyará todas aquellas movilizaciones que se organicen en las zonas que finalmente se apliquen estas subidas. Además, podría llevarse ante el Tribunal Constitucional la gestión de la vivienda pública en dichas comunidades, ya que ahora es fácil demostrar que se producen importantes plusvalías sobre las que no se ofrece ningún tipo de información, lo que vulnera la segunda parte del artículo 47 de la Constitución Española.
Para la PVD, las subidas se convierten además en una burla a otros sectores productivos como automóvil, ocio, música, textil, mueble, etc., a los que se les resta “por decreto” ingresos futuros procedentes de los jóvenes para incrementar aún más el beneficio de promotores y propietarios de suelo. Todo ello, en época de crisis.
Solicitamos a las administraciones que busquen un modelo de financiación local más equilibrado, así como un nuevo modelo económico que no se base en esquilmar a los jóvenes y endeudar a las familias, que apoye a todos los sectores productivos y que piense en el largo plazo. Ya es hora de que los políticos dejen de aceptar el “juego” de los promotores, y piensen qué tipo de Administración y de país quieren para sus propios hijos.
En cualquier caso, con 3 millones de viviendas vacías deberían buscarse fórmulas que produjeran su salida al mercado, ya que construir miles de viviendas conlleva perjuicios medioambientales directos e indirectos, y el crecimiento de un modelo de ciudad poco sostenible.
La PVD ha consensuado 40 medidas para promover el acceso a una vivienda digna y asequible. Pueden encontrarse en la sección “documentos” en www.viviendadigna.org
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