El Gobierno de La Rioja presentó su Plan de Inclusión Financiera +CAR como uno de sus grandes proyectos para combatir la despoblación y garantizar servicios básicos en nuestros pueblos. Meses y meses después, los cajeros siguen sin llegar y la adjudicación de los once dispositivos fijos se encuentra suspendida por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Una situación que, como mínimo, obliga al Gobierno regional a dar muchas explicaciones. El Gobierno de La Rioja anunció en marzo una inversión de 2,535 millones de euros hasta 2030 para implantar once cajeros fijos y un servicio de cajeros móviles en el medio rural. En abril sacó a licitación el contrato y en julio anunció su adjudicación presentándola nada menos que como un «hito pionero en la lucha contra la despoblación».
Pero la realidad, a finales de septiembre, es bastante menos triunfal.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales suspendió el pasado 28 de agosto la adjudicación del lote correspondiente a los once cajeros fijos tras el recurso interpuesto por Euro Automatic Cash Entidad de Pago S.L., una de las empresas participantes en el concurso. Y aquí aparece la cuestión que el Gobierno de La Rioja debería aclarar.
Cuando presentó públicamente la licitación, el propio Ejecutivo aseguró expresamente que las empresas que prestasen el servicio estarían autorizadas por el Banco de España como «Entidades de pago».
Sin embargo, el recurso presentado sostiene precisamente que Cardtronics Spain S.L.U., la empresa a la que el Gobierno adjudicó los once cajeros fijos, no cumpliría ese requisito. Es una alegación de la empresa recurrente y será el Tribunal quien determine si tiene fundamento, pero plantea una pregunta bastante sencilla: ¿qué comprobaciones realizó el Gobierno de La Rioja antes de adjudicar el contrato?
Porque no estamos hablando de una condición secundaria escondida entre decenas de páginas. Estamos hablando de un requisito que el propio Gobierno destacó públicamente cuando anunció el proyecto.
Primero los titulares, después los problemas
El Gobierno regional adjudicó el lote de los cajeros fijos a Cardtronics por 781.082,98 euros, según la información oficial publicada por el propio Gobierno de Gonzalo Capellán, con un plazo de 60 días para ponerlos en funcionamiento.
Los dispositivos deben instalarse en Viniegra de Abajo, Villavelayo, Anguiano, Villanueva de Cameros, El Rasillo, Soto en Cameros, Jalón de Cameros, Santa Engracia del Jubera, Los Molinos de Ocón, Aguilar del Río Alhama y San Millán de la Cogolla.
Once municipios cuyos vecinos y vecinas tendrán que continuar esperando. El problema es que esta forma de actuar empieza a resultar demasiado conocida: grandes anuncios, fotografías, declaraciones sobre la lucha contra la despoblación y titulares asegurando que se garantizan servicios en el medio rural; pero cuando llega el momento de que esos servicios sean una realidad aparecen retrasos, problemas administrativos o proyectos que no terminan de arrancar. Y mientras tanto son los pueblos quienes pagan las consecuencias.
La exclusión financiera no es una cuestión menor. Para muchas personas mayores o sin facilidad para utilizar la banca electrónica, disponer de un cajero cerca de casa significa poder acceder con autonomía a algo tan básico como su propio dinero.
En Izquierda Unida somos más ambiciosos, defendemos la creación de una banca pública que de servicios a pequeños municipios como el Camero Viejo, pero esta iniciativa la veíamos una medida correcta que podía paliar la exclusión financiera de muchos vecinos y vecinas.
El Gobierno no puede limitarse a quitar importancia al problema
Según las informaciones publicadas, el Gobierno de La Rioja ha restado importancia a la suspensión alegando que se trata de una medida provisional habitual en los procedimientos administrativos recurridos. Es cierto que la suspensión no implica que el Tribunal haya dado la razón a la empresa recurrente y que, por tanto, todavía no puede hablarse de una adjudicación irregular. Pero eso no elimina las preguntas.
El Gobierno debe explicar públicamente cómo verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos en los pliegos, qué documentación presentó la empresa adjudicataria, qué informes técnicos respaldaron la adjudicación y qué consecuencias tendrá ahora la suspensión sobre los plazos previstos.
También debería aclarar cuándo espera que esos once cajeros estén finalmente en funcionamiento y qué alternativas se van a ofrecer mientras tanto a los municipios afectados.
Porque luchar contra la despoblación no consiste en llenar notas de prensa con palabras como «pionero», «histórico» o «compromiso con el medio rural».
Consiste en conseguir que una persona que vive en Soto, Jalón, Viniegra o Villavelayo pueda acceder a los mismos servicios básicos que quien vive en una ciudad.
Y hoy, pese a todos los anuncios realizados durante los últimos meses, esos once cajeros siguen sin estar funcionando.
El Gobierno de La Rioja tendrá que explicar por qué.
