
Ambas mantienen que la SGAE y el resto de entidades que gestionan los derechos de autor estarían incurriendo en "financiación irregular directa del PSOE y CiU e indirecta de diversos partidos, lo que afectaría a su independencia", a través de la exoneración, en todo o en parte, de los pagos por el llamado canon digital, al margen del establecimiento en general de precios más bajos.
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