PP y PSOE enmendarán el informe del Parlamento Europeo que denuncia los abusos del urbanismo español

Los eurodiputados del PP y los del PSOE han anunciado que enmendarán gran parte del proyecto de informe que prepara la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar los abusos del urbanismo español y, en especial, en la costa levantina y andaluza.

Populares y socialistas van a proponer cambios al texto elaborado por la danesa Margrete Auken (Los Verdes), que pide una revisión "profunda" de la legislación urbanística, aboga por una moratoria de todos los planes que no respeten criterios medioambientales y sociales y plantea suspender los fondos de cohesión si no se remedian los problemas.

Esas dos últimas propuestas, entre otras, serán objeto de enmiendas por parte de los socialistas, según aseguró la eurodiputada Maruja Sornosa.

La parlamentaria, que calificó el informe de "realmente mejorable", explicó que su grupo quiere eliminar del texto los párrafos que dudan de que en España se garantiza el derecho de propiedad privada y aquellos que plantean la necesidad de una moratoria. "Creo que sería mucho más conveniente promover un acuerdo de todos los actores sociales para alcanzar un pacto de mejora del urbanismo", indicó.

Por su parte, el PP criticó con dureza la "parcialidad" del texto de Auken y el diputado Gerardo Galeote anunció enmiendas para "corregir la sinrazón del informe" de cara la votación de la comisión de Peticiones, el próximo 11 de febrero, y antes de que llegue al pleno de la Eurocámara en marzo.

Los eurodiputados españoles David Hammerstein (Los Verdes) y Willy Meyer (IU) se mostraron a favor del informe.

Mientras, la mayoría de parlamentarios de fuera de España que intervinieron en el debate pidieron que se ponga fin a las disputas partidistas en torno al texto, que ha enfrentado en muchos momentos a PP y PSOE, e instaron a las autoridades nacionales, regionales y locales a unirse para ofrecer soluciones.

Auken recordó que el urbanismo español ha generado más quejas ciudadanas ante la Eurocámara que ningún otro asunto en esta legislatura y recalcó que, por ello, los eurodiputados deben "actuar". "Nos han elegido para actuar y no para permanecer silenciosos", insistió la parlamentaria, que ha centrado su informe en los efectos de la urbanización extensiva en los derechos de los ciudadanos, sobre todo en el derecho de propiedad, y sobre el medio ambiente.

Para Auken, las autoridades españolas "tienen una gran responsabilidad en la falta de seguridad jurídica que afecta a mucha gente que ha comprado una propiedad en España", por las reparcelaciones y expropiaciones que aprueban. La ponente aseguró que las visitas efectuadas por el PE a España han dejado claro que "la urbanización masiva de las regiones costeras, sobre todo en Valencia, Murcia y Andalucía, no ha respetado como debiera haber sido ciertas directivas europeas".

De todo esto se defendió el Gobierno de la Comunidad Valenciana, la región más señalada por las denuncias ante la Eurocámara, a través de su secretaria autonómica de Urbanismo, María Ángeles Ureña. "El Gobierno valenciano entiende que se respetan en la legislación urbanística las directivas y que nuestra legislación es conforme al derecho interno español", indicó.

Sin embargo, varios representantes de asociaciones ciudadanas contra los abusos urbanísticos denunciaron la "indefensión del propietario" en las normas valencianas y de otras regiones españolas y defendieron la necesidad de un nuevo modelo de crecimiento para el país.

"El ritmo de construcción en España en los últimos años ha sido cinco veces más alto que en la UE. En 20 años, se ha duplicado el número de viviendas, los planes actuales multiplicarán por tres las casas que hay en España y hay tres millones de viviendas vacías", recalcó Jaime del Val, portavoz de la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio.

Éste será el tercer informe sobre el urbanismo en España que vote el pleno de la Eurocámara a partir de quejas de los ciudadanos. Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la "costa mediterránea", y alertaron de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos.