La inacción del Ayuntamiento de Soto en Cameros impidiendo la supervisión de “la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales”, por parte del Defensor del Pueblo, es un incumplimiento flagrante de nuestra Constitución y en concreto su artículo 5.
La Defensoría del Pueblo, en virtud de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, tiene la potestad de iniciar investigaciones sobre los actos y resoluciones de la administración pública, actuando tanto de oficio como a petición de parte. Este mandato no es un mero formalismo; representa un pilar fundamental para garantizar que el poder público actúe con responsabilidad y en beneficio de los ciudadanos. En este contexto, la ausencia de respuesta a una institución como el Defensor del Pueblo, no solo vulnera la ley, sino que también debilita la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
El Defensor del Pueblo, tiene como función la garantía no jurisdiccional de los derechos de todas las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Para ello recibe las quejas de cualquier persona física o jurídica e investiga tanto los hechos denunciados como la correspondiente actuación administrativa, con el fin de comprobar la adecuación de ésta a lo preceptuado en la Constitución y en la legislación vigente.
El Defensor del Pueblo puede actuar por iniciativa propia, sin haber recibido queja alguna. Además, la Constitución le otorga legitimación para plantear los recursos de inconstitucionalidad y amparo constitucional, así como instar el procedimiento de habeas corpus.
La inacción de Soto en Cameros no puede interpretarse como una simple omisión burocrática, sino como una actitud que pone en entredicho el compromiso ético y democrático de un gobierno local donde debe primar la transparencia.
El impacto de esta conducta va más allá de una cuestión legal o administrativa. Cuando un ente público no se somete a la supervisión que la ley le exige, se crea un ambiente de desconfianza que afecta a toda la comunidad. Es fundamental que el control y la transparencia sean recíprocos para que la gestión pública se realice con verdadera eficacia y justicia.
La democracia se fortalece cuando el poder público rinde cuentas, y es tarea de todas las administraciones, incluyendo la de Soto en Cameros, abrazar una cultura de apertura y responsabilidad. La ley está de parte de los ciudadanos, y es deber de cada gobierno local actuar en consonancia con los principios de transparencia. Solo así se podrá recuperar la confianza perdida y avanzar hacia una administración que realmente sirva al interés general.
