En La Rioja rural, sacar dinero, hacer una gestión bancaria básica o consultar una cuenta no siempre es algo sencillo. Para muchas personas, especialmente para las mayores, estas operaciones cotidianas implican depender de familiares, pedir ayuda a vecinos o desplazarse a otro municipio. Lo que en una ciudad puede resolverse en cinco minutos, en muchos pueblos se convierte en una carrera de obstáculos.
Por eso, cuando el Gobierno de La Rioja anunció la instalación de 11 cajeros automáticos fijos y un servicio de cajero móvil para el medio rural, muchas personas entendieron que, por fin, se iba a dar respuesta a una necesidad real, demanda desde Izquierda Unida desde hace años. El anuncio llegó el 2 de julio de 2025, durante el Debate sobre el Estado de la Región. Pero casi un año después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde están esos cajeros?
Porque no hablamos de un capricho. Hablamos de derechos básicos, de igualdad territorial y de dignidad para quienes viven en nuestros pueblos. El acceso al dinero en efectivo y a servicios bancarios mínimos no puede depender del código postal. Tampoco puede quedar condicionado a tener coche, familia cerca o conocimientos digitales suficientes.
La exclusión financiera es otra forma de abandono rural. Durante años hemos visto cómo cerraban oficinas bancarias, cómo se reducían servicios públicos y cómo muchos municipios quedaban cada vez más lejos de las prestaciones más elementales. Frente a eso, las administraciones tienen la obligación de actuar con seriedad, planificación y transparencia.
Y ahí está precisamente el problema. El Gobierno riojano ha hecho anuncios públicos sobre los cajeros rurales, pero no ha explicado con claridad cuándo estarán disponibles, en qué condiciones funcionarán ni si realmente responderán a las necesidades de la población mayor.
Tampoco sabemos si esos 11 cajeros fijos del Plan +CAR permitirán que las personas mayores realicen sus gestiones de manera autónoma. No basta con instalar máquinas. Hay que garantizar que sean accesibles, comprensibles y útiles para quienes más las necesitan. Un cajero que no puede usar una persona mayor sin ayuda no resuelve el problema de fondo.
Además, el Gobierno debe aclarar otra cuestión importante: el coste del proyecto. El Plan +CAR fue anunciado inicialmente con un presupuesto de más de 2,028 millones de euros y posteriormente se autorizó una inversión de 2,535 millones. La diferencia merece una explicación pública. Cuando hablamos de dinero público, la transparencia no es opcional.
El medio rural riojano no necesita más titulares vacíos. Necesita servicios reales, fechas concretas y compromisos cumplidos. Los pueblos no pueden seguir esperando indefinidamente a que las promesas se conviertan en hechos.
Por eso desde IU preguntamos al Gobierno de La Rioja algo muy sencillo: ¿cuándo van a estar operativos los cajeros rurales prometidos?
La respuesta no puede ser otra rueda de prensa, otro anuncio o una nueva foto. La respuesta tiene que ser un calendario, garantías de funcionamiento y respeto a quienes llevan demasiado tiempo esperando.
De todas formas, la instalación de estos cajeros es un parche, sí, pero un parche bienvenido si sirve para aliviar de forma inmediata una necesidad real en nuestros pueblos. Ahora bien, no podemos confundir una solución provisional con una política estructural. Lo que necesita el medio rural riojano es garantizar por derecho el acceso a servicios financieros básicos, no depender de anuncios, convenios puntuales o de la rentabilidad que calculen los bancos privados. Por eso defendemos la creación de una banca pública y la habilitación de Correos como una verdadera Caja Postal, aprovechando su capilaridad territorial y su presencia en el mundo rural, para asegurar que cualquier vecino o vecina pueda retirar dinero, ingresar efectivo, pagar recibos o realizar gestiones básicas sin tener que desplazarse, depender de familiares o quedar excluido por la brecha digital.
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