En resumen, cada día hay un riojano que, tras la
correspondiente notificación judicial, ha apurado un último mes en la
casa que adquirió mediante crédito hipotecario, ha apilado sus
pertenencias y se ha mudado a la fuerza.
Pero hay que tener en cuenta que las cifras no se ajustan
exactamente a la realidad y pueden ser incluso mayores. Una solicitud
de ejecución hipotecaria por parte de un banco o una entidad financiera
puede referirse a varios inmuebles y los lanzamientos ejecutados por
los funcionarios judiciales no se corresponden con la totalidad de los
casos, puesto que existen otros en los que se alcanza un pacto previo
entre el banco y el expropietario y, por lo tanto, no requieren la
presencia de funcionarios judiciales para que las viviendas queden
vacías.
Al revisar las tablas estadísticas de los juzgados de
primera instancia de Logroño, Calahorra y Haro, se comprueba que la
crisis arreció al finalizar 2008. Ese año, se resolvieron 154
ejecuciones hipotecarias, pero quedaron pendientes 421. En 2009 fueron
más del doble las que se resolvieron en los juzgados (388) y el número
de las pendientes escaló hasta las 740. En 2010, el último ejercicio
cerrado a efectos estadísticos, fueron 375 las resueltas, pero los
juzgados comenzaron 2011 con otros 884 casos pendientes. De ellos, según
los datos recabados esta semana, solo los juzgados de la capital han
llevado a cabo otros 175 lanzamientos.
Lógicamente, el mayor número de ejecuciones hipotecarias
corresponde a los instancias judiciales logroñesas, por ser la capital
la que reúne a algo más de la mitad de la población y debido al hecho de
que Logroño y sus localidades aledañas fueron las principales
protagonistas del 'boom' inmobiliario.
En concreto, la demarcación jurisdiccional de Logroño
realizó 89 ejecuciones hipotecarias en 2008, que subieron hasta las 242
en 2009 y alcanzaron las 261 el pasado año. En Calahorra, se realizaron
53 en 2008, 96 en 2009 y 76 en 2010. La misma progresión ascendente se
registró en los juzgados jarreros, donde se resolvieron una docena de
casos en 2008, medio centenar en 2009 y otras 38 el pasado ejercicio.
El procedimiento comienza con la solicitud al juzgado por
parte de un banco o de una entidad financiera. Cuando detectan impagos
sucesivos en los préstamos hipotecarios, demandan a los juzgados que
abran el proceso.
Primero, a subasta
El primer paso de la Justicia consiste en requerir a los
deudores el pago de las cantidades pendientes en un plazo no superior a
los 30 días. Si no se satisfacen estas deudas, la vivienda se saca a
subasta.
En las escrituras de las hipotecas figuran las tasaciones
de las viviendas y ese es el valor inicial sobre el que se puede pujar
en la subasta. A día de hoy, la mayoría de las subastas queda desierta,
puesto que el valor de tasación sigue siendo alto en relación al cada
vez más menguante precio de mercado de las viviendas y es evidente el
estancamiento general en la compra-venta de inmuebles. Por eso los
antiguos 'subasteros' también se han reducido a la mínima expresión.
Ante esta situación, son los propios bancos y entidades
financieras que en su día concedieron las hipotecas las que se quedan
con los inmuebles. Esta posibilidad viene recogida en el artículo 671 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, que habla de que, en el caso de que la
subasta quedara desierta sin postores, el acreedor podrá adjudicarse el
bien por el 50% del valor de su tasación.
Un mes para el desalojo
Cuando el juzgado recibe un decreto de adjudicación que
le confirma que la finca o vivienda tiene nuevo propietario, notifica el
lanzamiento a los antiguos propietarios. Un aviso en un buzón o
entregado en mano ponen en marcha la cuenta atrás. Tienen un mes para
abandonar la vivienda.
Cumplido el plazo, se persona en la casa una comisión
judicial formada por un gestor y un auxiliar de justicia, siempre
acompañados de agentes de la Policía Local, para obligar a los moradores
a abandonar el inmueble.
Según los responsables de este servicio en los juzgados
de Logroño, en la mayoría de los casos los antiguos propietarios ya han
abandonado la vivienda, si bien señalan que cada vez se encuentran más
casos de 'ocupas' en este tipo de pisos. Cuando los moradores son
personas que muestran un contrato de arrendamiento, se paraliza
temporalmente el lanzamiento hasta que el juez determine los pasos a
seguir.
«Este mes podemos estar ante un caso grave de desalojo»
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en La Rioja tiene solo dos meses de vida, pero ya ha convocado una manifestación de protesta en la capital riojana, se ha reunido con los principales partidos políticos y sindicatos de la región y ha logrado que sus reivindicaciones (dación en pago, juicio justo para los hipotecados y aplazamiento de desalojos para familias en situación de insolvencia) hayan sido recogidas por la Defensora del Pueblo en La Rioja, María Bueyo Díez Jalón, quien se ha comprometido a trasladarlas a la Defensoría nacional, así como al Parlamento autonómico.
Irene Martínez, portavoz de la Plataforma, señala que
este colectivo realiza una labor «callada y constante» que está
resultando «eficaz» para que «se paralicen o retengan» los casos más
graves de lanzamientos judiciales.
Además, la PAH se reúne periódicamente con afectados por
las ejecuciones hipotecarias, estudia sus casos y les asesora sobre sus
derechos, los recursos sociales a los que pueden recurrir. «No tenemos
un número fijo de asistentes, porque son ellos los que deben acudir a
nosotros y no al revés, debido a la normativa de protección de datos».
Estos encuentros se realizan en la sede de la Federación de Asociaciones
de Vecinos de La Rioja, una de las entidades que refrenda a la
Plataforma, junto a otras como la Protectora de Animales, IU, Cáritas,
Amin, Sodepaz, Reas, PUM+J, Los Verdes, CC OO, UGT, USO, PR, Asamblea
Logroño, Dry Logroño, CER, Ecologistas en Acción, Obispado y Vicaría de
La Rioja y Punjab-Rioja.
«Hasta ahora no hemos tenido que apostarnos delante de
ninguna casa para impedir los desalojos, pero nos tememos que este mes
se notificará el lanzamiento a una mujer separada, con una minusvalía
elevada y que tiene dos hijas, a la que está machacando un crédito
rápido que ha solicitado».
La portavoz de PAH-Rioja señala que ya han puesto en
marcha la maquinaria para que desde las Administraciones le procuren un
alquiler social que «intente paliar esta situación de desalojo».
Y es que las distintas plataformas que denuncian los
casos de ejecuciones hipotecarias para casos de insolvencia sobrevenida
por la crisis también pregonan a los cuatro vientos la contradicción que
supone que haya personas que se quedan sin sus casas existiendo miles
de pisos vacíos en las ciudades y pueblos. «Pedimos a los partidos
políticos que colaboren y se preocupen por estos casos y nos han dicho
que lo van a hacer», dice.
Visto en El Correo
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