Protestar contra actos injustos #SisePuede

Estos días se habla mucho sobre los actos que desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca están realizando en domicilios de distintos diputados y cargos públicos con el fin de informales sobre la realidad social que muchos ciudadanos estamos pasando.

Una realidad social que muchos de ellos hacer oídos sordos o miran para otro lado como si la cosa no fuera con ellos.

El miedo está cambiando de bando y cada vez más ciudadanos participan en estas protestas y denuncias de una dura realidad social, donde muchas familias no solo pierden su trabajo sino hasta su vivienda teniéndose que ir a vivir a la calle.

¿Qué instrumento tiene el poder para combatir y reprimir esta protesta social? La respuesta el fácil, la fuerza del estado encarnada en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Dice el Gobierno del PP  que estas protestas  son “ilegales” y hasta la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes ha comparado a los manifestantes con terroristas. El poder siempre se ampara en el uso del miedo y la fuerza como instrumento de coacción contra los ciudadanos que usamos la protesta como forma de cambio de una realidad social injusta que están viviendo cada día más familias en nuestro país. 

Pues desde aquí digo que la protesta social contra desigualdades sociales, violación de derechos fundamentales como es la vivienda son totalmente legales y están amparados por tratados internacionales que el estado español tiene firmados.

El art.12 de la RES/53/144 de Naciones Unidas dice:

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.

3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De todas formas el poder ilegitimo, corrupto y amenazo por banqueros y grandes poderes financieros se enmarcaran y ampararán en la Ley Corcuera (LO 1/92 de 21 de febrero) para intentar amedrentar a todos los que participen con el único pretexto de amedrentar al ciudadano.

Por un proceso constituyente

Os dejo la tribuna que me han publicado hoy en Diario La Rioja:

En estos días de convulsiones y de sonrojo social permanentes, muchos ciudadanos comienzan a darse cuenta de que la solución a los problemas del país no pasa por la sustitución de los gobernantes de un partido político del Régimen por los de otro partido político del Régimen. Necesariamente, la respuesta a la profunda crisis que vivimos pasa por la modificación de las reglas de juego y por la expulsión del poder público de los beneficiarios de este corrupto sistema político, económico y social. 

Está claro que el Régimen está nervioso, los ciudadanos poco a poco van tomando conciencia se están levantando del sofá y salen a la calle a protestar por tanta desigualdad y reclamar unos derechos propios de un Estado Democrático y Social de Derecho. Este miedo que el Régimen tiene, lo estamos viendo con, identificaciones arbitrarias por la policía, multas por participar en protestas, pelotas de goma en manifestaciones como las lanzadas a diestro y siniestro el pasado 14N. 

La Carta Magna fue elaborada en la transición bajo el predominio de los herederos de la dictadura y bajo la vigilancia y presión de unas fuerzas armadas, en aquel entonces, dominadas por sectores claramente antidemocráticos. Es obvio que, entonces, supuso la vía de salida de la dictadura y, por ello, fue ampliamente ratificada por la ciudadanía del momento. Pero realizó un diseño constitucional receloso de la posible participación democrática de los ciudadanos, que no establecía garantías efectivas de los derechos económicos y sociales, que creaba un indefinido Estado autonómico, que convalidaba una jefatura del Estado designada por el dictador y que entregaba todos los poderes del Estado en manos de un Régimen bipartidista instaurado por el PP y el PSOE gracias a una Ley Electoral injusta. El PP y el PSOE se han ido turnado el poder público y durante todos estos años han ido desmantelamiento el Estado social que los ciudadanos nos habíamos dado. 

Casi 35 años después de la aprobación de la Constitución de 1978, los actuales ciudadanos y ciudadanas españolas, la mayoría de los cuales no votamos el texto constitucional, no podemos seguir asumiendo unas reglas de juego que, además de ser realizadas en un clima de libertad tutelada, han sido aún más adulteradas por el desarrollo normativo y las prácticas de una política corrompida. 

En agosto de 2011 PP y PSOE se pusieron de acuerdo para incluir el techo de deficit y la prioridad en el pago a los acreedores como principio constitucional, la reforma se hizo por el procedimiento ordinario, que no requiere de un referéndum para su aprobación y necesita del acuerdo de tres quintas partes de las Cortes. El otro procedimiento, que necesita del apoyo de dos tercios de las cámaras y de un referendum que lo corrobore, es el que lleva a los constitucionalistas a definir la del ’78 como una Constitución “rígida”, difícilmente reformable, donde además toda iniciativa de cambio corresponde al sistema parlamentario. 

Este documento rígido se ha convertido, en un texto de “principios” que no puede asegurar algunos derechos como el acceso a la vivienda, la sanidad o la educación. 

Ante esta situación, se hace imprescindible sacar conclusiones de lo expuesto. Y la más importante de todas, en mi opinión, es que los ciudadanos no podemos esperar que quienes generaron este texto constitucional, lo han aplicado de manera tan equivocada y se han beneficiado del mismo, sean los que asuman la misión de transformarlo en un modelo democrático, garantista, en donde solo reine la igualdad, la libertad y la justicia y no persona alguna. 

Ante todos estos atropellos, los ciudadanos debemos impulsar un proceso constituyente con una democracia participativa donde las decisiones sean de la mayoría y para la mayoría. Tenemos que cambiar de rumbo, un rumbo marcado por los de abajo, y no los intereses de los grandes poderes financieros. 

Paul Auster, cuando fue preguntado en un café de Brooklyn sobre lo que inspiraba sus relatos, comentó que «para los que no tenemos creencias religiosas, la democracia es nuestra religión». De hecho, la democracia también es la religión de todos los que no soportan que se tergiverse la verdad para engañar a los necios, y piensan en cómo dejarles a las futuras generaciones un lugar decente donde vivir. Lo contrario es apostar por que todo siga igual de mal.

El 15M no puede ver las cuentas del PP, cuando este se comprometió a enseñárselas a cualquier ciudadano.

Año de nieves, año de bienes.

Protesta Social y Represión

Globalización y Derecho

El proceso de globalización hay que advertir que no tiene porque ser ni bueno ni malo, lo malo puede ser la lectura que se haga de ello.

La globalización implica una pluralidad de procesos (económicos, políticos, culturales, sociales,..) Bajo esta diversidad de procesos hay unas relaciones de poder y dominación. Podemos hablar de una globalización desde arriba y de una globalización desde abajo.

La globalización desde arriba es la que se impone, es la que representa los intereses de algunos Estados y desde los “mercados”. Esta globalización atiende a unos intereses muy concretos, las consecuencias de estos pueden proyectar una imagen negativa del conjunto de la globalización. La globalización desde arriba está dominada por una visión economicista. Esto lo explica Vicenç Navarro diciendo que la globalización sería una internacionalización de la economía que favorece a las clases dominantes del Norte y del Sur sobre las clases dominadas del Norte y del Sur.

Es una globalización que pretende imponer la ley del mercado como único instrumento de regulación social. De esta forma todo el aparato jurídico-político debe ir destinado a la apertura de los mercados, a que no haya ningún límite externo al funcionamiento de los mercados, que vayan destinados a establecer condiciones favorables a los intereses de los macroagentes privados. Más en concreto en los sistemas jurídicos nos encontramos normas que avanzan a liberalizar los mercados, favorecen la movilidad de capital, pero no encontramos normas para favorecer las situaciones de desigualdad. Los informes de organizaciones internacionales denuncian estas situaciones de desigualdad entre países y también dentro de los países. Nos encontramos normas que regulan la concentración de capital, que evitan la deslocalización de empresas , que regulan los movimientos financieros, etc.

Otra consecuencia de esta globalización desde arriba es el debilitamiento o pérdida de influencia de los espacios tradicionales de decisión (los Estados). Con la imposición de la lex mercatoria tienen menos poder los Estados en pro de los “mercados”. Esto tiene repercusión en los derechos fundamentales, ya que los estados son los que deben garantizar estos derechos y están debilitados. También se produce una crisis de decisión. Se trata de que se facilite la gobernabilidad, que se marquen políticas que se preocupen realmente por los derechos de las personas.

Como consecuencia de la lex mercatoria tiene lugar un proceso de desjudicialización y de desregulación a nivel local, y esto pone de manifiesto una crisis en el sistema del Derecho.

La globalización desde abajo es la impulsada desde algunas ONG´s; tiene mucho más que ver con el rebajo en red de los foros sociales. Con esta globalización se pretende una sociedad global construida desde el compromiso de los Derechos Humanos, en particular en los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos son igual de fundamentales que los derechos civiles y políticos porque su objetivo es el mismo: que la persona tenga una vida digna. En la globalización desde abajo es importante que la relación entre los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos sea indivisibles y necesaria, si no hay unos no hay otros. 

Desde Soto en Cameros, Feliz 2013

Feliz 2013

Spot X Asamblea de Izquierda Unida 'Transformar' #XAsambleaIU

La LOMCE según Tonucci

6 de diciembre. Por unas reglas del 99% #AbajoElRégimen

Alberto Garzón en la UR y en el Ayuntamiento de Logroño este jueves.